El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este jueves que no es “procedente” abrir una comisión de investigación en el Parlamento, tal y como han solicitado Coalición Canaia (CC) y Partido Popular (PP), dado que hay un investigación judicial en curso.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno también ha negado “presiones” desde el Ejecutivo a la Audiencia de Cuentas (ACC) para no aprobar el informe de fiscalización de los contratos realizados durante el estado de emergencia y que ha reducido a “un borrador” o “papeles de trabajo”.
Pérez ha mostrado su deseo de “limitar al máximo” sus declaraciones públicas por el llamado caso Mascarillas debido a que está bajo secreto de sumario, por lo que una comisión parlamentaria “poco podría hacer”. “Al menos hay que esperar a que termine la investigación judicial”, ha agregado.
Ha dicho que la responsabilidad política ya está “satisfecha” tras la el cese de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de la Salud (SCS) y se ha preguntado si hay que abrir comisiones de investigación en todas las instituciones canarias donde hay cargos públicos investigados.
En su opinión, “las investigaciones parlamentarias tienen una finalidad, que no es determinar los hechos”.
Sobre la posibilidad de que sea llamado a declarar o incluso sea investigado por ser consejero de Sanidad en funciones en el momento de los hechos cree que “habría que preguntar al juez” al tiempo que ha precisado, a raíz de que la Fiscalía Europea se encargue de instruir el caso, de que “no cambian los hechos ni el motivo” y un informe de la Intervención de la Comunidad Autónoma ya aclaró que los fondos europeos no están afectados en la presunta estafa de cuatro millones.
En cuanto al “no informe” de la Audiencia de Cuentas ha detallado que ni siquiera se puede decir que ha emitido una opinión (“si no se aprueba no diré que no exista”) aunque el Ejecutivo le “presta atención” por si plantea recomendaciones para “perfeccionar” los métodos de contratación.
Ha indicado que de todos los contratos durante el estado de alarma la ACC ha analizado poco más de 100 y han hecho observaciones en una treintena por lo que ha cambiado el argumento y cree que se podría decir “que en el 70% no se han encontrado irregularidades”.
Además, “y de los que no están bien”, en solo uno se han encontrado posibilidades de delito que ya investiga un juez por valor de cuatro millones, “una herida” que lamenta el Ejecutivo porque daña las arcas públicos y cuyo objetivo es recuperar a toda costa.
“La esencia del asunto”, ha proseguido, es que durante la emergencia las leyes eximen de llevar a cabo trámites de control, lo que “no significa que se pueda hacer lo que de la gana”, pero ha asumido que aprenderán de lo que les diga finalmente la Audiencia.
Cuestionado por el envío del borrador al Tribunal de Cuentas ha apuntado que acorde a la normativa del Estado de Derecho se debe remitir desde que se encuentran indicios de responsabilidad contable.