El Gobierno de CC-PP pone la emergencia habitacional de Canarias en manos de las constructoras privadas
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha incentivado este jueves al sector privado a construir vivienda protegida, porque solo las administraciones públicas no pueden responder a la demanda “tan importante” que hay, ha dicho.
Rodríguez, tras reunirse con representantes de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), ha precisado que, según los registros del Instituto Canario de la Vivienda, hay más de 25.000 pendientes de una vivienda pública, por lo que es insuficiente el Plan Canario de Vivienda, que plantea la construcción de 2.000 casas.
El consejero, que ha señalado que es “evidente” que no es suficiente la acción del Gobierno, ha indicado que el decreto de medidas urgentes sobre la vivienda busca, además de agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado a que vuelva a construir vivienda protegida. Sin embargo, en las islas hay más de 200.000 viviendas vacías y en el decreto de medidas urgentes no se recoge ninguna acerca de ellas para tratar de sacarlas al mercado del alquiler o venta.
“Necesitamos poner muchas más viviendas protegidas en el mercado, necesitamos en definitiva dar respuesta a la enorme demanda de vivienda que existe en Canarias”, ha manifestado.
Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, se ha mostrado partidario de trabajar “en unidad” con el objetivo de poner en el mercado el mayor número de viviendas posible en el menor tiempo posible. Sin embargo, un mayor número de viviendas construidas no significa que estas acaben en manos de quienes las necesitan y no compradas por extranjeros no residentes o por grandes tenedores o fondos de inversión que las destinen, por ejemplo, al alquiler vacacional. Sobre esto tampoco hay ninguna medida en el decreto del Gobierno canario, que se centra en medidas para recalificar suelo, incluso el destinado a equipamientos públicos (parques, jardines, etc.) e incentivar las nuevas construcciones.
Izquierdo ha aprovechado para poner de relieve el problema “gravísimo” que hay de falta mano de obra y ha hecho un llamamiento “urgente” a “los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen a pie de obra”.
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