El Gobierno central aboga por limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas como Canarias

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas, respetando las competencias autonómicas, y ha anunciado que junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quiere reunirse con las comunidades autónomas para ello.

“No quiero entrar en sus competencias pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha apuntado que no quiere que el centro de Madrid sea un parque temático sino una ciudad.

Respetando la autonomía local y las competencias autonómicas cree que hay que limitar la vivienda turística en mercados tensionados para priorizar el derecho a la vivienda y que ya hay comunidades como Cataluña, Andalucía y Canarias que están dando pasos ya que está afectando gravemente al precio del alquiler residencial. En el caso de las Islas, el Ejecutivo de CC y PP está elaborando una ley de alquileres vacacionales, un proyecto que por ahora (está en fase de alegaciones) no establece incentivos a propietarios para cambiar el uso turístico de la vivienda a residencial, tampoco contempla la creación de equipos capaces de fiscalizar el mercado irregular ni impuestos exclusivos a propietarios. El anteproyecto de la norma, presentado la semana pasada, delega la mayor parte de la regulación sobre este asunto a los ayuntamientos. Estos deberán determinar en los planeamientos urbanísticos un número máximo de licencias para que el porcentaje de pisos turísticos en cada núcleo poblacional nunca supere el 10% del total de la edificabilidad municipal. Un antiguo concejal de Urbanismo consultado considera que imponer cotos sin prometer medios de control no sirve para mucho. En el Archipiélago ya hay territorios donde el porcentaje de pisos de esta índole ya supera el 20%. En otros, como las dos ciudades más pobladas, el número de viviendas vacacionales registradas y legales es muy inferior, lo que supondría que este número, en lugar de frenarse o disminuir, tendría mucho margen de aumento. Y sin contar con las no registradas o ilegales.

La ministra ha señalado que se deben regular atendiendo a la diversidad territorial para actuar con “bisturí” y ha recordado que ya se está trabajando con el Ministerio de Industria y Turismo en la materia y observando lo que dice Europa al respecto teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya entendió que era necesario tratar esta cuestión y abrió la posibilidad de intervenir el mercado.

A modo de ejemplo ha señalado que hay 340.000 apartamentos turísticos legales, más de las viviendas de alquiler asequible que se van a poder poner (183.000) y 14.000 en Madrid, más que la Operación Campamento, a los que se añaden muchos ilegales, que hay que perseguir.

Niega electoralismo del Gobierno con la vivienda

Preguntada por los anuncios de vivienda del Gobierno a las puertas de las elecciones, el último la eliminación del “visado dorado” antes de los comicios en el País Vasco y Cataluña, ha negado que haya electoralismo con la vivienda y ha apuntado que la campaña electoral del Gobierno empezará dentro de 3 años y medio.

Además, ha insistido en hacer un llamamiento a todos los actores del sector con un acuerdo de país para abordar este problema, que cree que tiene solución si todos trabajan en la misma dirección aunque haya intereses contrapuestos.

Reunión con Sánchez: balance de medidas y nuevos retos

Con motivo de la reunión que mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves con el sector financiero e inmobiliario, Rodríguez ha explicado que el objetivo es hacer un balance de las medidas que ya les desgranó hace un año y ponerse nuevas metas porque la vivienda es uno de los principales problemas de España, un drama para muchas personas y una emergencia de país.

Ha asegurado que el Ejecutivo se siente acompañado por el sector privado, por las administraciones públicas, por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos.

Con respecto al índice de vivienda para regular el alquiler, se ha mostrado confiada en que se adhieran más comunidades autónomas además de Cataluña ya que hay ayuntamientos que lo están solicitando y puede suponer de media una rebaja del alquiler del 30% en zonas tensionadas.

Sobre el “visado dorado”, ha afirmado que desde que asumió la cartera estudia eliminarlo, que se informó a Sumar de que se estaba analizando, ante las acusaciones de que les han copiado la medida, y que no va a solucionar el problema en toda España, pero sí en mercados en los que supone un 5%, un 7% o un 10% de las operaciones.

La ministra ha recordado que en los dos últimos años han supuesto un tercio de todos estos visados y que se estaba invirtiendo lo mínimo exigido para poder tener este permiso.

Canarias pasa la pelota a los ayuntamientos

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha querido frenar las iniciativas surgidas en varios ayuntamientos de las islas (apenas cuatro de los 88 en total) que han aprobado mociones para instar o mostrado interés en que se el Ejecutivo regional, el que tiene las competencias para hacerlo, les declare zonas tensionadas. Uno de ellos, Santa Cruz de Tenerife, ha encargado un informe a una empresa para ver si se cumplen los requisitos de la ley estatal de vivienda, y valorar qué consecuencias tendría solicitar esa declaración. Cabe destacar que Santa Cruz está gobernada por Coalición Canaria con el PP, igual que el Gobierno canario, donde la postura oficial es contraria a esas declaraciones.

Los otros tres ayuntamientos (Adeje, La Orotava y Granadilla, todos en Tenerife) han aprobado instar al Gobierno canario a que sea él quien realice el debido estudio sobre si se cumplen los requisitos marcados por la ley. Estos incluyen que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos (agua y luz) supere el 30% de la renta media de los hogares de esa zona; y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Sin embargo, el Gobierno de CC-PP, que se ha mostrado contrario a la ley de vivienda desde que se aprobó el pasado verano, y que incluso anunció (aunque no llegó a hacerlo) que la recurriría ante el Tribunal Constitucional, ha decretado ahora que sean los ayuntamientos quienes presenten sus informes. De hecho, el consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), afirmó esta semana que la declaración de zona tensionada “no garantiza nada” y que esta tampoco “recoge de manera expresa” obligaciones o medidas concretas para combatir la crisis de vivienda. Pero sí que lo hace: impide que las rentas pactadas en los nuevos contratos sean superiores a las que hubiesen estado vigentes en los últimos cinco años; e impone un índice de precios de referencia para alquileres de grandes propietarios (tenedor de más de diez inmuebles urbanos) y nuevas construcciones o casas sin actividad residencial en el último lustro.

El Gobierno canario ha declarado que, en vez de por la ley de vivienda, apuesta por su propio decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que básicamente apuesta todo a la construcción de nuevos inmuebles, facilitando el cambio de uso del suelo, y sin medidas para recuperar las más de 200.000 viviendas vacías en las islas ni para evitar que las nuevas construcciones acaben en manos de especuladores. Por tanto, aunque las peticiones de los municipios se materialicen, cabe esperar una respuesta negativa por parte del Gobierno de CC-PP.