El Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la distribución de 45.910.000 euros a Canarias para la construcción de 1.054 viviendas en alquiler social en edificio energéticamente eficiente.
Las comunidades y ciudades autónomas recibirán cerca de 1.000 millones de euros (994.556.620 euros) para construir un total de 24.964 viviendas.
Estas cifras elevan en un 25% el objetivo previsto inicialmente, que eran 20.000 viviendas, gracias a los 211 acuerdos firmados con las autonomías y las entidades locales, cinco de ellos con Canarias, fruto del modelo de cogobernanza que coordina el Ministerio, recoge una nota del Ejecutivo.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado este martes un informe sobre el estado de ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, relacionados con el Componente 2, dedicado a la 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana'.
En cuanto al programa de Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), dotado de 1.080 millones de euros, el grado de cumplimiento es del 56,95% respecto a los 290.000 metros cuadrados rehabilitados comprometidos con Europa y que se están analizando.
Dentro de este informe del PRTR, la ministra también ha expuesto las ayudas para la implementación de la Agenda Urbana Española.
Tuvo una convocatoria de 20 millones de euros, a la que se presentaron 233 solicitudes y se adjudicaron 117.
“Esta convocatoria se ha identificado como un caso de éxito gracias fundamentalmente al compromiso y la dedicación de las Entidades Locales, que han visto una inversión de futuro generalizar la planificación estratégica de pueblos y ciudades como política pública necesaria a la hora de poder acceder a cualquier tipo de financiación”, ha destacado.
Rehabilitación de barrios
La inversión en Rehabilitación de Barrios, programa dotado con 3.420 millones de euros, se concreta en la firma de más de 285 actuaciones, que suponen 841 millones de euros.
En cuanto a la Rehabilitación residencial de vivienda, en estos momentos el ministerio tiene un total de 197.349 actuaciones aceptadas y 317.509 en estudio.
En total, 514.858 actuaciones, que permiten “ser optimistas para lograr e incluso superar el compromiso con la Unión Europea, de 410.000 actuaciones”.
En su opinión, “este programa está suscitando mucho interés por parte de la ciudadanía y las comunidades nos están demandando más recursos para poder hacer frente a las solicitudes”.
Campaña de la renta
En plena campaña de la Renta, la ministra también ha hecho referencia a las deducciones por rehabilitación de vivienda a las que pueden acogerse los ciudadanos y ha puesto en valor las cifras del ejercicio pasado en esta materia.
“En 2022 se produjeron 57.247 declaraciones, alcanzando una deducción de 108,5 millones de euros. Por aterrizar el dato: la media de deducción era de 1.900 euros por declaración presentada”, ha indicado.
El Plan de Recuperación persigue, con su Componente 2, fomentar la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia.
Entre sus objetivos figuran la activación en España del sector de la rehabilitación, tanto residencial como en edificios públicos, además de incrementar la construcción de un parque de vivienda en alquiler que es actualmente insuficiente y que se precisa de manera urgente para dar respuesta a las necesidades de vivienda digna y asequible de la población más vulnerable.
En 2020, cuando el Gobierno comenzó a trabajar con los Fondos de Recuperación relacionados con el Componente 2, el Ministerio se marcó como retos principales mejorar la antigüedad del parque de vivienda en España y las calificaciones energéticas; aumentar el ritmo de rehabilitación para llegar al objetivo de 300.000 por año en 2030; incrementar el parque público de vivienda en alquiler, para conseguir la media europea del 9%; impulsar la Agenda Urbana Española, crear un Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana e incrementar la calidad residencial y la seguridad jurídica.