El Gobierno de Canarias ha aprobado la compra del histórico edificio de los Cines Royal de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha hecho por un importe de 17 millones de euros tras un acuerdo adoptado in extremis en el último Consejo de Gobierno de diciembre, lo que permite justificarlo en el ejercicio de 2018. El asunto se llevó a esta sesión, celebrada el pasado 26 de diciembre, fuera del orden del día y posteriormente no fue anunciada por el Ejecutivo Regional ni adjuntada en la nota de prensa con los acuerdos de ese día. La iniciativa está justificada en la necesidad de contar con un espacio mayor que actúe como sede de la Agencia Tributaria Canaria.
Según el acuerdo, en el que Hacienda autoriza a ejecutar el gasto para financiar la adquisición de este inmueble situado en la calle León y Castillo número 40, este edificio reúne los requisitos de localización y capacidad. Su tasación está fijada en 14’4 millones de euros, pero asciende a 16 millones por las características de la zona donde se encuentra. Además, a la operación hay que sumar 1,2 millones correspondientes a los impuestos por la compraventa.
Según el Gobierno, la Dirección General de Patrimonio y Contratación ha publicado varios anuncios para la compra de un inmueble para este fin, pero no se han presentado otras ofertas. La empresa propietaria de este edificio, la Comunidad de Bienes Royal Business Center, cuyo principal accionista es Julube SL (en un 50%), había realizado una oferta el pasado 20 de septiembre por un importe de 16 millones de euros, más los impuestos que correspondieran. Una oferta que se mantendría siempre y cuando la operación de compraventa se llevara a cabo antes de que acabara el año, lo que justificaría las prisas del Gobierno.
El Ejecutivo Regional asegura en el documento en el que se explica este acuerdo que ha analizado diferentes informes para adquirir el inmueble. Entre ellos, el de la Dirección de la Agencia Tributaria, que alababa la idoneidad de este edificio por su localización cercana a las dependencias de atención al contribuyente gestionadas por GRECASA. También se ha estudiado el informe emitido por el Servicio de Valoración de la Agencia Tributaria, así como el de Patrimonio.
El Gobierno lleva dos años detrás de la operación
El Ejecutivo tiene interés en adquirir este inmueble desde, al menos, el año 2017. La idea ha sido la de instalar en ese lugar la Agencia Tributaria Canaria que necesita un espacio de entre 6.000 y 7.000 metros cuadrados útiles en la capital grancanaria. La intención del Gobierno era cerrar la operación en ese año y que comenzara a funcionar en 2018.
Según confirmó en 2017 el director general de Patrimonio, Arturo Cabrera, ya se había visitado el edificio, que lleva vendiéndose desde hace muchos años, con el objetivo de valorar su estado y evaluar los cambios que tendrían que hacer en caso de finalmente comprarlo. Ahora, se conoce que al presupuesto de 17 millones de euros ya aprobados habría que añadir unos 5,3 millones de euros para adaptar las actuales instalaciones a lo que será la futura sede de la Agencia Tributaria Canaria.
La historia del Cine Royal se empezó a narrar en 1963. En aquel año, su primer propietario, Jesús Rodríguez Doreste, adquirió una pequeña sala de proyección. Su patrimonio fue creciendo con los años con la compra de varias parcelas en las calles Murga, León y Castillo y Venegas. Dos décadas después, sus hijos pasaron de contar con una sala a seis y se transformó en multicines. En marzo de 2006, los hermanos Rodríguez Acosta se vieron obligados a echar el cierre y vender el edificio por la baja asistencia.
El 20 de agosto de 2009, una parte de la historia cinematográfica de Las Palmas de Gran Canaria murió. Las maquinas destruyeron las paredes del cine Royal, las obras duraron unos días y acabaron con la fachada en el suelo. La nueva intención era construir un edificio de aparcamientos y oficinas, lo que es en la actualidad.
En estos momentos los trabajadores de la Hacienda Canaria trabajan en el edificio de Usos Múltiples I, donde hay en torno a 400 empleados que, según fuentes oficiosas, apenas tienen espacio. El objetivo de comprar el inmueble se fundamenta en que los empleados se trasladen allí, lo que, según el Gobierno, también resultaría beneficioso para la ciudadanía porque “pueden realizar sus gestiones en la materia ubicadas dentro de un radio no superior a 200 metros, evitándose largos desplazamientos para realizar trámites relacionados”.