A cambio, CiU reclama que jubilarse más allá de la edad legal eleve hasta un 10% la pensión máxima
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados confía en el apoyo de CiU para derrotar el frente abierto por PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, Nafarroa Bai y UPyD en el Congreso para retirar del proyecto de ley de reforma de las pensiones el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, mientras busca el apoyo el Coalición Canaria y UPN para reforzar el aval parlamentario de la propuesta.
Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que el PSOE no contempla de ninguna manera revisar esta cuestión, ni tampoco las relativas al aumento del periodo de cálculo de 15 a 25 años y el requisito de una carrera de cotización de 37 años --frente a los 35 años actuales-- para cobrar la pensión máxima.
En este sentido, insiste en que estos aspectos vienen avalados tanto por el informe de la Comisión del Pacto de Toledo como por el acuerdo suscrito por el Gobierno con los agentes sociales el pasado 2 de febrero, de forma que suponen las “líneas rojas” en la negociación de las 402 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley.
Pero de momento, el único apoyo garantizado sería el de la federación catalana, que precisamente fue la que permitió que el Ejecutivo introdujera esta cuestión al acordar el pasado 25 de enero, la misma tarde en la que el Pleno del Congreso debatía el informe del Pacto de Toledo, una propuesta que introducía el “retraso progresivo y flexible” de la edad de jubilación.
EL PNV LO DESVINCULA DE LOS PGE
El PNV, que apoyó en su momento dicho informe del Pacto, aunque ahora en su enmienda asegura que el “atraso de la edad de jubilación no se corresponde con ninguna recomendación” del Pacto, no interpreta esta posición como un cambio de postura, ya que su portavoz en esta materia, Emilio Olabarria, siempre se ha mostrado crítico con la medida impulsada por el Gobierno.
De hecho, los nacionalistas vascos han insistido en desvincular la reforma de las pensiones de cualquier otro acuerdo alcanzado con el Gobierno en relación a su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la transferencia de competencias al País Vasco.
En cualquier caso, el PSOE cuenta con 169 diputados contra los 168 que piden la retirada de esta enmienda, por lo que necesita contar con el respaldo explícito de los diez diputados de CiU, los dos de Coalición Canaria (CC) y los dos de UPN no sólo para no quedar en minoría, sino para no proyectar una imagen de soledad parlamentaria ante la reforma.
NEGOCIA MEJORAS PARA LOS AUTÓNOMOS
Conscientes de esta situación, estas tres minorías aprovecharán para reclamar al Gobierno que atienda a sus reclamaciones, en las que plantean cuestiones como elevar el peso de los hijos a la hora de establecer la futura pensión de los padres y mejorar la consideración de los trabajadores autónomos, de forma que puedan incluso compatibilizar trabajo a media jornada y pensión.
Pero una de las propuestas en las que más insistirá CiU en relación a la jubilación será en mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, elevando los coeficientes de mejora de la pensión para que pueda superar hasta en un 10% la prestación máxima.
GUIÑOS A LA IZQUIERDA
Mientras aborda esta negociación, el PSOE ya ha lanzado algunos guiños a las formaciones de izquierda. Así, ha endurecido su propuesta para que las grandes empresas con beneficios compensen al Estado por el coste de sus expedientes de regulación de empelo (EREs), fijando que esta obligación cuente desde el 27 de abril, para que así afecte al caso de Telefónica.
Además, ha registrado una enmienda que coincide con otra de ERC, IU e ICV para excluir de los efectos de la reforma de las pensiones a todos los prejubilados en el marco de convenios colectivos o acuerdos colectivos de empresas de cualquier ámbito aprobados o suscritos “con anterioridad al 25 de marzo de 2011”, y con independencia de que el acceso efectivo a la jubilación sea anterior.
Así, se extenderá a estas personas lo que el proyecto ya contempla para las personas “con relación laboral suspendida o extinguida” como consecuencia de decisiones adoptadas en EREs, con independencia de que el fin de la relación laboral se haga efectivo con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.