La isla de Lampedusa, con 6.000 habitantes y 20,2 kilómetros cuadrados de superficie, escenifica estos días una crisis migratoria, con miles de personas rescatadas en el mar y una escasa capacidad de acogida, al contar con recursos saturados. Cruz Roja alertó recientemente de que en un centro de acogida con capacidad para 400 personas hay 3.800. Esta situación ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a visitar la isla y a proponer un plan europeo. La visita ha sido utilizada por el Gobierno de Clavijo para solicitar que Von der Leyen también se traslade a Canarias al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecer soluciones.
Pese a la diferencia entre ambos puntos en la ruta migratoria de personas de África, pues a Lampedusa han llegado hasta 10.000 personas en solo tres días y al Archipiélago, 15.000 en un año, el Gobierno de Canarias insiste en casa uno de sus consejos de Gobierno en elevar este tema como “un problema de Estado” e insiste en que se cree un “Mando único” para gestionar y coordinar la llegada de personas por la ruta migratoria más peligrosa del mundo.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, aseguró este lunes a preguntas de los periodistas que no conoce el dato de cuántas de esas personas que han llegado a lo largo de este año a las Islas se han quedado realmente en el Archipiélago o han seguido su ruta hacia la Península o hacia otros puntos de Europa. Sí dijo que conoce el dato de menores no acompañados y que se trata de unos 2.700.
Cabello también anunció tras el Consejo de Gobierno que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladará este miércoles al SM Felipe VI su preocupación por el incremento en la llegada de migrantes. Clavijo se reúne con el Rey en Zarzuela dentro de la ronda de encuentro con presidentes autonómicos.
La pasada semana, la consejera de Presidencia de Canarias, Nieves Lady Barreto y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, mantuvieron una reunión para estudiar la situación en materia migratoria. Interior se comprometió a realizar mejoras en la información y en crear un grupo de trabajo para analizar la mejora en el acceso compartido a bases de datos policiales.
Entre otras cuestiones, en esa reunión se habló de incorporar a la Policía Canaria funciones de policía judicial, vigilancia del litoral y control de la inmigración. También se pidió que el Gobierno de España haga efectivos los 20 millones de euros que tiene destinados a las comunidades autónomas que acojan a estos menores.