El consejero canario de Economía afirma que prevén extinguir entre dos y cuatro empresas públicas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía del Ejecutivo canario, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicación de medidas para adoptar por las empresas públicas y fundaciones en 2011 con el fin de que éstas cumplan con las restricciones de gasto recogidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011 sin generar déficit. Esta acción prevé servir para ahorrar 40 millones de euros.
Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, incidió en que “no puede haber privilegios para el sector público”. Añadió que el objetivo del Ejecutivo canario “es no tocar las plantillas”.
En relación a la medida que ya se impulsó el pasado año, en relación a reducir en un 5 por ciento personal de empresas y fundaciones públicas, subrayó que en empresas con convenios colectivos “hay que renegociarlos, algunos se han negociado” pero, apuntó, que donde se haya llevado a cabo la reducción del 5 por ciento con concesiones extrasalariales a cambio “hay que revisarlo” porque ésta debe ser “sin concesiones”.
EXTINGUIR EMPRESAS
Entre los objetivos marcados por el Gobierno canario también está el hecho de fusión o extinción de empresas. En este sentido, Rodríguez afirmó que se está estudiando varias empresas y fundaciones públicas aunque reconoció que en algunas “hay accionistas externos al Gobierno, lo que lleva un tiempo”.
Al respecto, subrayó que el fin “es dejar el sector público empresarial absolutamente saneado”. En esta línea, admitió que el objetivo está en extinguir entre dos y cuatros empresas o fundaciones públicas, es decir, un 15 por ciento de las que hay actualmente.
De esta manera, el contexto económico de crisis, que ha generado problemas de financiación en las haciendas públicas obliga a adoptar medidas para que las empresas públicas y las fundaciones se adecuen al escenario de reducción de ingresos y las consiguientes restricciones presupuestarias producidas por la crisis económica.
Los representantes del Gobierno de Canarias en los Consejos de Administración de las empresas públicas y en los órganos de gestión de las fundaciones deben velar porque las 20 empresas públicas y las 11 fundaciones adscritas al sector público autonómico se ajusten al cumplimiento de sus objetivos y previsiones de gastos e ingresos descritos en sus presupuestos de explotación y capital.
Así, la relevancia que el Gobierno canario otorga a todas las cuestiones vinculadas con la generación de empleo y las políticas activas de formación y empleo es el motivo por el que en este acuerdo se califica como prioritarias las autorizaciones de modificaciones a los presupuestos de explotación y capital para acciones que estén relacionadas con planes de empleo conjuntos entre empresas públicas y el Servicio Canario de Empleo.
De esta forma, dentro de estas medidas adoptadas por el Gobierno canario se recoge aumentar el control y exigencia sobre las cuentas del sector público, por lo que antes del 15 de febrero deberán entregarse a la Consejería de Hacienda un análisis de impacto socio económico de las actividades que realizan sin obtener ingresos.
Además, en dicho análisis tendrán que estar recogidas las medidas que pretenden adoptar para maximizar los ingresos sin que suponga competencia desleal con el sector privado, informe sobre las acciones aplicadas en 2010 y las previstas para 2011 para la imprescindible reducción de gastos, debiendo cuantificarse el impacto de las mismas.
El acuerdo establece el 30 de marzo como fecha límite para formular las cuentas del ejercicio de 2010.
Por su parte, todas las empresas deberán realizar un informe de viabilidad a dos años vista y entregarlo a la Viceconsejería de Hacienda antes del próximo 15 de febrero. Este informe debe reflejar la situación económica y la posibilidad de afrontar los pagos previstos. Este informe no exime a aquellas empresas que presenten déficit en 2010 de aportar el preceptivo plan económico-financiero a medio plazo.
El acuerdo exige la inmediata presentación de este plan respecto a las empresas públicas y fundaciones que han incurrido en pérdidas y que aún no lo han presentado. El Gobierno canario no realizará aportación económica o transferirá subvención alguna en 2011 a estas empresas hasta que no presenten dicho plan.
ESTRICTO CUMPLIMIENTO
El Gobierno exige el estricto cumplimiento de todas las medidas relativas a la adaptación de las retribuciones de altos cargos y personal de estas entidades públicas a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2011.
El acuerdo obliga a la denuncia de las cláusulas de los convenios colectivos negociados recientemente en las empresas públicas y fundaciones para la aplicación de la Ley 7/2010 que hayan supuesto concesiones en compensaciones salariales o extrasalariales o cualquier otra cláusula de recuperación automática de la reducción realizada.
La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad junto con la de Economía y Hacienda elaborarán instrucciones con criterios a los que deben adaptarse todos los convenios colectivos o acuerdos de las empresas públicas y fundaciones, al menos en lo que respecta a retribución por antigüedad, edad de jubilación, jornada laboral, vacaciones y permisos.
El Gobierno regional aumenta así el control sobre los convenios colectivos y acuerdos laborales en estas entidades públicas y obliga a que las posibles modificaciones de estos acuerdos deban contar con informe previo de Función Pública y Presupuestos, que en caso de ser desfavorable llevará aparejado una instrucción para su no suscripción.
Por otro lado, en relación a que haya personal público cobrando más de lo que le corresponde, Rodríguez indicó que en el sector público empresarial “el informe es que en algunas se cobra menos”. Agregó que en estas la contratación de personal es igual que la de la Administración pública, por concurso público.