El Gobierno de Canarias aprobó este lunes, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, la estrategia de modernización de la Administración de Justicia en Canarias 2017-2019.
Esta herramienta de planificación, que dejó prácticamente cerrada la anterior Consejería del PSOE, determina los objetivos y las líneas a desarrollar para alcanzar un servicio público de justicia transparente y abierto a la ciudadanía que actúe con agilidad, eficacia, eficiencia y calidad, con métodos modernos y procedimientos normalizados en el marco de una dirección pública profesionalizada y orientada a resultados.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, de CC, ha señalado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la estrategia se apoya en ocho objetivos de resultados: calidad, accesibilidad, transparencia, cooperación, agilidad, capacidad de resolución, homogenización de actuaciones y satisfacción ciudadana.
José Miguel Barragán ha asegurado que el trabajo quedó prácticamente cerrado el pasado mes de diciembre, cuando la Consejería la lideraba el PSOE.
A su vez, en la estrategia se desarrollan a través de seis líneas estratégicas, la creación de una oficina de proyecto de apoyo a la estrategia, el diseño de un nuevo modelo organizativo tipo de la actividad judicial y fiscal y el despliegue de un programa de implementación de las oficinas judiciales y fiscales en los partidos judiciales que cuenten con edificios e instalaciones adecuadas.
Asimismo, prevé completar el desarrollo de la aplicación procesal Atlante II, fomentar la cooperación y colaboración con otros órganos, administraciones e instituciones para alcanzar mejores resultados y aprobar el plan de infraestructuras judiciales 2016-2023.
Cada línea estratégica incluye sus respectivos objetivos estratégicos, objetivos operativos y acciones con fechas de inicio y finalización, acciones, indicadores, resultados esperados y recursos asociados en el período 2017-2019, si bien es prorrogable hasta 2020.
No obstante, algunas actuaciones se iniciaron en 2016 al estar incardinadas dentro de las líneas estratégicas en materia de justicia incluidas en el Acuerdo de Gobernabilidad de Canarias de la presente legislatura y tomadas en consideración por el Gobierno de Canarias el 20 de junio de 2016, ha precisado Barragán.
En esa fecha, el Ejecutivo autonómico quedó enterado del informe elevado por el anterior equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del anteproyecto de la estrategia y se encomendó a este departamento que iniciara su tramitación dando participación y estableciendo un diálogo abierto con todos los operadores jurídicos, profesionales de la justicia e instituciones competentes.
El objetivo, ha destacado el consejero, es que este documento se convierta en la hoja de ruta común para convertir la Administración de Justicia en Canarias en un servicio público de referencia a nivel nacional y europeo.