El Servicio Canario de Empleo (SCE) dependiente del Gobierno de Canarias, ha remitido a la Fiscalía el expediente disciplinario abierto a un funcionario de ese departamento tras detectar tres contrataciones presuntamente ilegales realizadas hace nueve meses en ese mismo servicio. Los tres beneficiarios de esos contratos son amigos del funcionario expedientado y ya se les ha prohibido la entrada en el SCE.
Los tres supuestos trabajadores estaban teóricamente adscritos al departamento de archivo de las oficinas centrales del Servicio Canario de Empleo y tenían en su poder sus correspondientes contratos laborales. Según han confirmado a este periódico fuentes oficiales, los supuestos trabajadores llevaban nueve meses contratados por el SCE, pero durante ese tiempo no habían cobrado nómina alguna ni estaban dados de alta en la Seguridad Social ni en los archivos del departamento.
Pasados esos nueve meses, los tres contratados se presentaron en el servicio de nóminas reclamando el pago de sus salarios, y fue en ese momento cuando se descubrió el engaño. Efectivamente, tenían un contrato de trabajo del SCE, pero la firma que aparecía en el apartado del contratante estaba claramente falsificada, o así al menos lo aseguran desde la Administración.
Abierta una investigación interna, el SCE detectó que los tres reclamantes son amigos de un funcionario, al que se le ha abierto expediente disciplinario por considerar que su comportamiento pudiera ser falta grave. Y dado que también pudiera constituir delito, la autoridad administrativa ha remitido el expediente a la Fiscalía de Canarias por si considerara oportuno actuar penalmente contra el funcionario.
Los tres presuntos trabajadores no acudían regularmente al que en teoría era su puesto de trabajo sino que lo hacían solamente en compañía del funcionario investigado, lo que explicaría que casi nadie supiera de su existencia en el servicio.
Se da la circunstancia de que uno de los presuntos contratados es receptor de una ayuda por desempleo, lo que le impediría en todo caso poder tener nómina, y mucho menos del servicio que se ocupa precisamente de la gestión de estas prestaciones.
La semana pasada se presentaron los tres con un notario para que diera fe de que se les impedía la entrada a las dependencias del Servicio Canario de Empleo.