La Auditoría de Recursos Humanos del Sector Público en la Comunidad Autónoma de Canarias, realizada por su propia Intervención General y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, cuestiona abiertamente los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias en cuanto a sus directrices anuales sobre gestión de personal.
En concreto, sobre el acuerdo suscrito por el Gobierno en su sesión del 12 de abril de 2005, la auditoría apunta que “la estrategia que se desprende de las medidas adoptadas está básicamente focalizada hacia la estricta contención del gasto de personal mediante una rigurosa congelación de las plantillas existentes en la actualidad; sometiendo cualquier posibilidad de autogestión de los centros gestores a un riguroso control previo por parte de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de la Función Pública”.
Y entiende la Intervención General que esta estrategia marcada por el Ejecutivo presidido en aquella época por Adán Martín (CC), en alianza todavía con el PP de José Manuel Soria, “impide el desarrollo de la cultura de la responsabilidad y fomenta, por el contrario, la cultura burocrática tradicional”, con el consiguiente efecto negativo de “concentrar los esfuerzos en el control de la asignación de los recursos presupuestarios en vez de en el control de los resultados obtenidos”.
Además, esas directrices del 12 de abril de 2005, aplican la congelación de las plantillas en todos los ámbitos, “sin que responda a un diagnóstico previo”, y puede “impedir a los órganos deficitarios superar el bajo nivel de cumplimiento de objetivos a los malos indicadores en la calidad de sus servicios, cuando éstos obedezcan a la insuficiencia o necesidad de reclasificación de sus efectivos”.
Contratación irregular de personal laboral
La auditoría no se queda en la superficie de esta política laboral, sino que profundiza en sus nefastas consecuencias, ya que “la congelación de las plantillas ha dado lugar a que en muchos centros y empresas dependientes se acuda irregularmente a la contratación laboral de personal; lo que está dando lugar a la incorporación a la función pública de personas mediante reconocimiento judicial de su condición de personal al servicio de la Administración, al margen de los principios del mérito y la capacidad, reconocidos constitucionalmente”.
Al respecto, la Intervención General cita casos como los de 25 trabajadores de la Consejería de Educación, que no tramitó durante 2005 una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo para las plazas de estos 25 empleados cuya relación laboral de carácter indefinida con la Consejería ha sido declarada por sentencia judicial; o la situación derivada de las “múltiples sentencias judiciales que reconocen la condición de personal laboral” de la Consejería de Medio Ambiente o de la Agencia de Protección del Medio a personal de la empresa pública Gesplan, por cesión irregular de trabajadores.
Considera la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias que “resulta necesario poner en marcha un proceso de cambio cultural, adoptando medidas dirigidas a incentivar la productividad, a favorecer la cultura de la responsabilidad, el incremento del potencial de las personas, la redistribución de los efectivos desde los ámbitos excedentarios hasta los deficitarios y a conseguir que la planificación de recursos humanos se realice de forma alineada con la planificación estratégica; propios de cualquier dirección organizacional moderna”.