La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico ha enviado un comunicado en el que intenta salir al paso de las informaciones publicadas por mirametv.com sobre las irregularidades cometidas por el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma. En la nota se señala directamente a una jefa de servicio como la responsable de elaborar la propuesta por la que se descartó, tras una investigación previa, abrir un expediente al máximo responsable del centro, Patricio García Ducha, a quien se niega haber dado un trato de favor por ser el marido de la actual secretaria de Organización de Coalición Canaria y diputada autonómica, Guadalupe González Taño.
Según el comunicado, “se siguió un procedimiento informado por parte de un funcionario imparcial que determinó que no había habido mala fe ni malas prácticas en el cobro de las cuotas del primer mes de escolarización”, y se concreta que una “jefa de servicio, técnico funcionaria de la administración, propuso el archivo del asunto no encontrando razones para la incoación de expediente”.
Nada se dice sobre quién fue la persona que tomó la decisión de no abrir un procedimiento sancionador tras la propuesta de la funcionaria, que tampoco se acompaña, ni se explica la motivación que utilizó la jefa de servicio para llegar a su conclusión, pese a que existe constancia de que se pagaron cuotas en efectivo y de que se entregó a los padres un recibo que dejó de usarse en 2014 para dar apariencia de legalidad a los cobros. También se oculta que otros técnicos que participaron en las actuaciones previas propusieron todo lo contrario al considerar las irregularidades detectadas lo suficientemente graves como para abrir un expediente a García Ducha. No hay que olvidar que, en cualquier caso, el decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de las Administración Autonómica de Canarias, fija en la Secretaría General Técnica la competencia para incoar los procedimientos disciplinarios por faltas graves y muy graves“, además de ser el órgano responsable de la gestión de los precios públicos.
La única explicación que aporta el comunicado para justificar la decisión es la misma que ha trasladado la directora general, Carmen Morales. En el comunicado se reconoce que García Ducha “al parecer, accedió a cobrar en mano el importe de la cuota del primer mes de escolarización y posteriormente realizar él mismo el ingreso en Hacienda, tal y como se demuestra documentalmente. El procedimiento informativo concluye que no existió ni apropiación ni intención malévola en este hecho, más bien lo contrario, facilitar a los padres el ingreso del importe correspondiente a tal mensualidad”.
No es cierto que el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel haya accedido a cobrar cuotas en mano, más bien al contrario, fue el propio García Ducha el que pidió a los padres que pagaran en efectivo la primera mensualidad. Lo hizo, al menos, durante dos cursos seguidos y, pese a que supuestamente su intención era facilitar la labor de los usuarios, aunque solo durante un mes, la realidad es que hay madres que tuvieron que hacer el pago de forma irregular tanto en 2016 como en 2017.
En la nota se asegura que no hubo apropiación del dinero por parte del director del centro y que las cuotas fueron ingresadas correctamente en la Agencia Tributaria Canaria. Sin embargo, la Consejería no ha entregado a los padres, ni a este medio de comunicación, la prueba documental que demuestre que ese pago se hizo de forma debida, a través del modelo 800, a pesar de que usuarios de la escuela infantil lo han solicitado en varias ocasiones e, incluso, han enviado un escrito al Gobierno autonómico para que les entregue los justificantes. Cabe recordar que García Ducha declaró en las actuaciones previas que inicialmente hizo el ingreso de la primera mensualidad del curso 2017/2018 en conjunto, luego lo canceló y le devolvieron en dinero en mano y, por último, lo llevó a cabo a nombre de cada usuario del centro.
El comunicado no informa sobre si las actuaciones previas tuvieron en cuenta que los pagos en mano se produjeron, al menos, durante dos cursos seguidos, por lo que no hace referencia sobre si existen pruebas documentales de que también se corrigió la irregularidad referente al ejercicio 2016/2017. La nota tampoco dice nada sobre el hecho de que García Ducha utilizó como comprobante de los cobros en efectivo recibos sin validez que dejaron de utilizarse en 2014 y que, en algunos casos, manipuló para dar apariencia de legalidad (llegó incluso a incluir “curso 2017/2018” pese a que esas cartas de pago llevaban tres años sin usarse de forma oficial).
Tal y como trasladó la directora general, en todas las informaciones se ha dado cuenta de la versión oficial sobre el aumento injustificado de algunas cuotas. En la nota, no obstante, se hace hincapié en que “la explicación estriba en que los métodos de cálculo de las mismas difieren en función de los documentos aportados por parte de las familias, y un mismo expediente puede arrojar una cuota distinta si se calcula según la declaración de la renta del año anterior, o según los ingresos de la familia del año en curso divididos por los doce meses del año. Por lo tanto, no hay una intención de cobrar un importe superior a lo estipulado, sino distintas fórmulas de cálculo” y se añade que “las familias que reclamaron el recálculo de la cuota obtuvieron la prima que les fue más favorable desde el momento de la reclamación, compensándose, además, en las siguientes cuotas, el importe cobrado de más en las anteriores”.
Si bien es cierto que los aumentos indebidos se corrigieron, lo que no se ha devuelto a los padres es el dinero de la primera mensualidad que pagaron en mano. También hay un caso, sobre el que tampoco se pronuncia el comunicado, en el que el director de la escuela infantil intentó cobrar una cuota a una familia que estaba exenta del pago, llegando a elaborar un escrito en el que, sin tener competencias para ello, amenazaba a la madre con dejarla sin plaza.
Gran parte del comunicado se dedica a explicar en qué consisten las actuaciones previas que puede seguir una administración pública antes de decidir si abre o no un expediente informativo, de lo que ya se ha dado cuenta en las informaciones que se cuestionan en la nota. Se trata de un concepto básico de derecho administrativo, hasta el punto de que en el escrito del Gobierno se corta y se pega un párrafo de una publicación especializada que está colgada en internet sobre el valor probatorio de las pruebas practicadas en el trámite de información reservada.
La nota de prensa tilda de “tendenciosas” las informaciones publicadas e intenta escurrir las posibles responsabilidades de la Consejería al concluir que “la información que se ha difundido sólo busca hacer creer a los lectores que la relación de matrimonio del director de la escuela con un alto cargo de Coalición Canaria permitió que no se le incoara un expediente, mientras que la realidad es que no se encontró razón para iniciarlo ni irregularidades que pudieran ser objeto de denuncia”.
En la nota tampoco se hace referencia a la amenaza del director a una madre para que pagase una cuota que no le correspondía, a los tratos humillantes que algunas usuarias han puesto en conocimiento de la Consejería de Políticas Sociales o al pago también en mano que tuvieron que hacer los padres para adquirir una agenda escolar, entre otras actuaciones llevadas a cabo por Patricio García Ducha que exceden de sus competencias.
Los grupos parlamentario del PSOE, el PP y Podemos han solicitado la comparecencia en el Parlamento de Canarias de la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, para dar explicaciones sobre las irregularidades detectadas en la escuela infantil San Miguel Arcángel.