El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que mediará con el Ministerio de Hacienda para que el Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) pueda afrontar con excedente de tesorería los pagos de una sentencia judicial que le obliga a indemnizar a la UTE Santa Brígida.
Un fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital Gran Canaria condenó al Consistorio satauteño a pagar a la constructora del denominado mamotreto, una macroobra situada frente a las Casas Consistoriales, a pagar ocho millones de euros antes de septiembre de 2018 como indemnización por paralizar una obra inacabada.
Clavijo, que este jueves ha hecho una visita institucional a Santa Brígida en compañía del vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, y de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se ha comprometido a que su equipo medie para que el Ministerio autorice al Ayuntamiento un primer pago de cuatro millones que, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria actual, es inviable.
El alcalde de Santa Brígida, José Armando Armengol, ha especificado que el Consistorio no tiene problemas de liquidez, sino que chocan con una ley de racionalidad que les impide hacer uso de ella y, tanto el presidente como el vicepresidente, nos han asegurado la colaboración con Hacienda para mediar y buscar una fórmula que permita hacer frente a este pago.
Armengol ha recordado que la sentencia firme es de ocho millones de euros, que con los intereses la deuda podría incrementarse a 12 millones, aunque ha avanzado que “eso no quita que el Ayuntamiento no deje de hacer acciones judiciales para que mejore esta situación”, en relación al momento en el que se encuentra.
El primer pago de cuatro millones de euros se tiene que hacer el próximo mes de agosto, y el resto el próximo año, 2018, ha abundado el primer edil.
El regidor ha recordado que el marmotreto ya no cumple muchos de los requisitos de obra y tiene muchas irregularidades y, además, que el municipio debe saber qué necesita en estos momentos en ese suelo, pues ya no se habla de un centro comercial sino “a qué necesidad se debe dar prioridad para el futuro del municipio”.
Clavijo ha realizado un recorrido por el casco de la villa visitando las viviendas afectadas por el Área de Reforma y Rehabilitación Urbana (ARRU), que tiene una dotación de 1,5 millones de euros con los proyectos ya redactados, la cubierta del Colegio Juan del Río Ayala y la Sociedad Municipal de Deportes.
Con posterioridad, la comitiva institucional se ha trasladado al barrio de La Atalaya para visitar el Centro Locero, al Centro de Día para Mayores, Valle Lentiscal, donde, además de visitar las instalaciones, Clavijo mantuvo un encuentro con sus rectores.
Tras el encuentro en las casas consistoriales, Clavijo también ha subrayado que se han abierto “líneas de trabajo” coordinadas entre todas las administraciones que deben intervenir en la rehabilitación de las referidas viviendas de protección oficial, es decir, Estado, Gobierno canario, Cabildo, Ayuntamiento y los propios vecinos.
En su opinión, el Ayuntamiento tiene una “hoja de ruta clara”, con unos objetivos concretos y medidos, al igual que proyectos básicos y presupuestados, y que todo “eso ayuda” a su consecución.
“El Gobierno ya ha dispuesto alguna financiación -para la Villa- que se tiene que articular y otras marcadas en los Presupuestos de 2017 y que estarán también en los de 2018. También hemos hablado de cuestiones de gestión y la habilitación de créditos extraordinarios para afrontar programas interesantes”, ha abundado Clavijo.