LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias expresó hoy su “respeto” a la decisión del Cabildo de El Hierro y de tres ayuntamientos herreños de acudir a los tribunales por no garantizar los recursos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), pero advierte de que va a seguir su criterio “avalado jurídicamente” y expondrá sus argumentos ante la Justicia.
Así lo manifestó en rueda de prensa en la capital grancanaria el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, tras el Consejo de Gobierno.
Para el también viceconsejero de Comunicación “el Cabildo herreño y los otros seis cabildos están en su legítimo derecho como cualquier ciudadano de recurrir a la vía contencioso-administrativa”.
“Están en el uso de su capacidad jurídica de hacerlo, mientras tanto el Gobierno de Canarias, tal como ha ocurrido hasta la fecha, sigue confiando en que el diálogo impere entre los distintos niveles administrativos de la comunidad autónoma”, añadió.
“LA CONFRONTACIÓN NO ES EL MEJOR ESCENARIO”
En su opinión, “la confrontación, y más ante la situación económica actual, no es el mejor escenario para resolver este tipo de disputas financieras”.
De este modo, expresó su respeto al derecho de las corporaciones insulares y locales “a actuar ante justicia”, pero subrayó que “cabildos y ayuntamientos han de entender que el Gobierno de Canarias tiene encima de la mesa un informe de sus servicios jurídicos donde se plantea que la disposición adicional caducó en su momento y no es de aplicación”.
Además, recordó que existe un dictamen oficial del Consejo Consultivo de Canarias, un órgano dependiente del Parlamento regional, “en el mismo sentido”. Dictamen que señaló que “ni era preceptivo ni vinculante”, sino que se solicitó “como muestra de buena voluntad” por parte del presidente canario, Paulino Rivero.
Según Marrero, “el dictamen ha dado la razón a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma”, por lo que estima que “no parece razonable que se exija al Gobierno que actúe de otra forma”.
“El Gobierno va a seguir manteniendo su criterio avalado jurídicamente y las corporaciones podrán recurrir a la vía contencioso administrativa, donde el Gobierno canario hará valer los argumentos definidos por sus servicios jurídicos y el Consejo Consultivo”, sentenció.