El Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, que tanta contestación social ha levantado por los temores que la figura del fuera de ordenación ha despertado en los ciudadanos parte, al menos, con “presunción de legalidad” y, de no atender a los preceptos normativos, será corregido por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac).
Así lo ha afirmado este martes el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que contestaba así a una interpelación a su juicio “preventiva” presentada por el Grupo Socialista y que consideró “ociosa” al insistir en que el Gobierno no puede interferir en el planeamiento de la ciudad y sólo vigilar su ajuste a la normativa.
La interpelación, defendida por el portavoz parlamentario socialista, Santiago Pérez, pretendía que el Gobierno explicase su política en torno a determinadas cuestiones jurídicas y en concreto a los criterios del régimen de fuera de ordenación.
Pérez recordó que merced a la “arbitrariedad” que a su juicio ha imperado en la redacción del PGO de la capital tinerfeña, se han dado situaciones en las que se han permitido edificaciones contrarias al planeamiento y al contrario, edificaciones que eran acordes al planeamiento y que han dejado de serlo merced al cambio.
Así, ha advertido de la posibilidad de incurrir en un “rosario de sentencias” indemnizatorias, recordando lo ocurrido con la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes.
“Si el PGO se modifica o no se puede aplicar por cuestiones jurídicas es indemnizable pero nosotros estamos hablando del derecho de edificación”, declaró Pérez. “Hay ciudadanos que no sólo tenían derecho indemnizable de suelo urbanizable sectorizado, sino que lo ya edificado estaba agregado a su patrimonio, pero ahora, con un nuevo modelo de ciudad, se les merma su patrimonio, nadie discute que la declaración de fuera de ordenación es una merma patrimonial”, añadió. “Si es el efecto de una decisión pública es indemnizable y no tienen porque sufrir un plus de daño patrimonial”, concluyó.
Nada que indemnizar
Al respecto, Berriel aseguró que las leyes prevén que “si no hay pérdida de utilidad, no hay nada que indemnizar”, y acusó a los socialistas de utilizar un “doble lenguaje” al respecto, mezclando a su entender leyes (la Moratoria) en las que se hablan de pérdida de derechos adquiridos.
Por el contrario, en el caso de la edificación en el PGO de Santa Cruz de Tenerife, asegura que las leyes dicen que las situaciones de fuera de ordenación “no serán indemnizables” a no ser que no se pueda disfrutar de algunas de los derechos patrimoniales que se derivan.