La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este viernes, tras el Consejo de Ministros, que la disolución del Ayuntamiento de Telde sería “una medida extrema”, agregando que el Ejecutivo “confía en que no sea necesario adoptarla”.
En este sentido, también confíó en que el alcalde y los concejales presuntamente corruptos “abandonen inmediatamente sus cargos para que, cuanto antes, se restablezca la normalidad en el municipio”.
De la Vega subrayó que, a diferencia del caso de Marbella, y con independencia de que los ediles imputados renunciaran o no a sus actas, en Telde hay concejales suficientes para formar una mayoría en el consistorio mediante diferente fórmulas, no descartándose para ello tampoco una moción de censura.
En este sentido, la vicepresidenta subrayó que la disolución de un Ayuntamiento “lleva consigo anular la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, lo cual es muy grave” y que, pro ello, es “la última decisión que se puede o se debe adoptar”.
Según el Ejecutivo, la situación de caos y desgobierno en el Ayuntamiento de Marbella no es comparable a la de Telde, sin que ello signifique minimizar la gravedad de los hechos en este municipio. Según De la Vega, el Gobierno ni siquiera llegó a tratar formalmente en la reunión del Consejo de Ministros del expediente que el Gobierno de Canarias le ha hecho llegar a través del ministerio de Administraciones Públicas.
De la Vega mostró no obstante, a preguntas de los periodistas, la “repugnancia” del Ejecutivo ante cualquier caso de corrupción, señalando que “estamos luchando por erradicarla de la vida pública” mediante distintas refortmas legislativas como la Ley del Suelo o la aplicación de la Ley de Costas.
“Desgraciadamente siempre habrá indeseables, pero no vamos a permitir que campen a sus anchas”, dijo, “lo vamos a hacer con la misma firmeza con que defendemos la dignidad de miles de concejales de toda España”.