El comisionado del Gobierno de Canarias para la inclusión social y lucha contra la pobreza, Santiago Rodríguez, ha defendido en el Parlamento regional la estrategia contra pobreza aprobada este lunes por el ejecutivo para que empiece a aplicarse a partir de 2019, pero se ha topado con el escepticismo de todos los grupos políticos, excepto CC.
Los grupos parlamentarios han dudado de la efectividad de un trabajo que, en vez de ser un plan transversal con actuaciones concretas contra la pobreza aplicables y evaluables por sus resultados, se limita una estrategia de objetivos y directrices políticas, que además se presenta con la legislatura casi finalizada, por lo que consideran que durará hasta que el próximo gobierno quiera definir su propia estrategia.
Santiago Rodríguez ha replicado que la estrategia incluye 342 acciones, muchas de ellas ya aplicadas por el Gobierno, y que ya se está trabajando en un mecanismo de evaluación que estará listo antes de fin de año. No se trata de un plan con una consignación presupuestaria propia, sino de una estrategia que coordina las actuaciones del Gobierno, del resto de administraciones públicas y de las entidades sociales de forma transversal, con medidas específicas para cada departamento del ejecutivo con indicadores para su evaluación, afirmó.
La estrategia tiene tres ejes estratégicos, que son la inclusión social activa, la atención especializada para los colectivos mas vulnerables y las actuaciones para mejorar las políticas de servicios públicos.
Santiago Rodríguez subrayó que la estrategia se ha realizado propiciando la participación y ha sido bien recibida por el sector, pero además es flexible y abierta al consenso, al que invitó a todos los grupos parlamentarios para “sacar de la pelea política la pobreza”. El comisionado señalo que accedió al cargo hace dos años y que en su trabajo ha tenido que “partir de cero”, puesto que la última estrategia contra la pobreza en Canarias databa de 1998.
Reivindicó que en este tiempo ha sacado adelante tres documentos “muy trabajados”: un análisis sociológico sobre el que basar la estrategia contra la pobreza, un estudio sobre los planes similares existentes en España y en Europa y el borrador de la estrategia finalmente aprobado por el ejecutivo.
Añadió que ahora encargará una “macroencuesta” sobre ingresos y condiciones de vida con 4.600 encuestas de campo para poder territorializar las acciones contra la pobreza en los diferentes territorios.
La diputada del PSOE Teresa Cruz Oval replicó que el encargo del comisionado no era elaborar una estrategia de objetivos y directrices políticas, sino un plan con compromisos y medidas concretas para luchar contra una pobreza que afecta al 40% de las familias canarias, e incluso a personas con empleos precarios con salarios que no dan para vivir dignamente. “La comunidad autónoma no se merece este despropósito”, una estrategia que traduce en un papel los fondos que ya emplea el Gobierno en políticas sociales, cuando lo que se requiere es un plan de medidas directas y una coordinación de todos los departamento del ejecutivo para luchar contra la pobreza, dijo.
Por su parte, la diputada del PP Josefa Luzardo denunció que un borrador de estrategia no es lo mismo que un plan con medidas concretas para luchar contra la exclusión social y acusó al Gobierno de Canarias de haber dispuesto de una legislatura y dos comisionados para sacarlo adelante, pero no lo ha conseguido.
Que la prestación canaria de inserción se limite a 7.000 beneficiarios cuando debería alcanzar a 40.000 y que no haya ni una acción para promover la educación de 0 a 3 años son ejemplo de que no se ha actuado en lo relevante, sino que el comisionado se ha dedicado a “hacer un tocho” de carácter científico, dijo Luzardo en referencia a la estrategia.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, acusó al Gobierno y al comisionado de dedicar su tiempo a hacer “muchas valoraciones pero pocas acciones”, mientras en Canarias se consolida “un bucle de la pobreza y la desigualdad” del que en su opinión no se va a poder salir mientras CC siga “haciendo diagnósticos de la situación” al frente del ejecutivo.
Santana recordó que su grupo ha enmendado el presupuesto para destinar 200 millones de euros a una renta social, más del doble de lo que el Gobierno dedica a la prestación canaria de inserción, que pueda incluso servir de complemento de rentas a trabajadores y pensionistas en precario.
Esther González, de Nueva Canarias, dijo que después de transcurrida casi toda la legislatura, “la realidad es que el nombramiento de los dos comisonados solo ha servido para que el Gobierno aparente tener interés” en luchar contra la pobreza, porque el resultado “ha sido cero”.
Melodie Mendoza, de ASG, señaló que su grupo no pone en duda el interés de los documentos elaborados por el comisionado, pero añadió que de la estrategia que se ha demandado desde el principio de la legislatura no se sabe nada.