El consejero de Justicia y Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, ha afirmado este martes que el Ejecutivo regional intentará que el Estado financie la segunda fase de la Policía Canaria, puesto que el planteamiento “siempre fue” que el modelo de Policía Autonómica era complementario y que las Islas se comprometían a financiar los 300 primeros efectivos de los 1.700 que plantea iniciativa.
“Nuestro planteamiento siempre fue que el modelo canario era complementario, con la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que podemos llegar a aportar hasta 1.700 efectivos y que nuestro compromiso inicial era financiarlo desde las islas los primeros 300 agentes y que, a partir de ahí, ya lo financie el Estado”, dijo en declaraciones a la Cadena Ser.
De esta manera, Ruano declaró que la intención del Gobierno de Canarias es que el Ejecutivo Central la financie. “Esa es nuestra pretensión. No obstante, es un asunto que todavía queda en la mesa porque parte de la necesidad de que el Estado reconozca que en Canarias hay un déficit estructural de plazas de la Guardia Civil y Policía Nacional, algo que supondría un reconocimiento explícito por parte de ellos”, añadió.
“Para nosotros es importante despejar el camino desde el punto de vista de la relación con el Estado. Hemos adoptado un acuerdo y no habrá recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado a la Ley Canaria y sigue el proceso normal, como habíamos defendido en muchas ocasiones”.
Así, indicó que en la Ley de Policía Canaria hay que introducir dos referencias explícitas a la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, “que ya estaban establecidas en la parte positiva de la Ley” y, por otra parte, hay una referencia de colaboración entre la Policía Canaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre los cuales el Gobierno de Canarias concretó en el control de explosivos, vigilancia del litoral y control de la inmigración irregular, algo sobre lo que Ruano explicó que el Estado no quería que estuvieran precisadas esas funciones al entender que esas competencias corresponden al Estado.
Finalmente, el consejero de Justicia y Presidencia explicó que se quitaron las referencias explícitas y se consiguió cerrar “definitivamente” la constitucionalidad de la Ley Canaria.