El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, acordó este jueves la modificación del Decreto-ley 4/2020, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19, con el objetivo de incluir subvenciones por un importe inicial de 600.000 euros para incentivar tanto la mejora de las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), como la contratación de personas desempleadas para la prestación de servicios domésticos.

Mediante el nuevo decreto, la Consejería dirigida por Elena Máñez suma dos programas a las medidas autonómicas para el sostenimiento del empleo y apoyo social tras la línea de ayudas por valor inicial de 11 millones de euros destinada a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas residentes en Canarias con la finalidad de cubrir el 30% de la base mínima de cotización de la Seguridad Social y completar el 100% de la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida por el Gobierno de España.

En concreto, la propuesta conjunta de los departamentos de Economía, Conocimiento y Empleo; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dispone de un crédito de 500.000 euros en el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) para las subvenciones a favor de las personas físicas o jurídicas que mejoren las condiciones contractuales de la plantilla después de los ERTE por fuerza mayor, aunque con posibilidad de incremento de la dotación inicial en función de las solicitudes.

También se contempla la opción de aumento presupuestario según la demanda ciudadana en las ayudas por valor inicial de 100.000 euros a las personas físicas que contraten a personas desempleadas para la prestación de servicios de hogar familiar, un colectivo que tradicionalmente ha desarrollado sus funciones sin mediar vinculación laboral y durante la actual crisis no ha podido acceder a las medidas asistenciales para afrontar los evidentes perjuicios económicos tras la interrupción de su labor por las estrictas medidas de confinamiento y limitación de la movilidad, según argumenta la exposición de motivos del nuevo decreto.

Precisamente, el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo alerta del “aumento de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta crisis, o prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de alarma”.

Por ello, “no podemos dejar de mencionar la importancia que adquirirá en las acciones que impulse este Pacto en materia de empleo la lucha contra la economía sumergida, que en circunstancias tan singulares tiene un caldo de cultivo privilegiado y, por tanto, conviene hacer seguimiento a este tipo de comportamientos y adoptar las medidas precisas para reducir su avance”, destaca el documento.

También se compromete el Pacto para la Reactivación Social y Económica a “impulsar un paquete de políticas activas de empleo diseñadas específicamente para hacer frente a las necesidades de este periodo de crisis”, como son las subvenciones a las mejoras laborales tras los ERTE por fuerza mayor con incentivos de 2.500 a 4.500 euros por la conversión de una jornada parcial a otra completa o de contrato temporal a otro indefinido.

Por su parte, las ayudas del SCE para el empleo de personas paradas en servicios de hogar familiar, desde cuidados de niños y ancianos hasta limpieza o cocina, cubren la base de cotización a la Seguridad Social más 100 euros, con una permanencia mínima de seis meses en los contratos temporales y de dos años en los documentos indefinidos.

Las nuevas subvenciones presentan un régimen de concesión directa al apreciarse razones de interés público, económico y social que dificultan la concurrencia competitiva a causa de la singularidad derivada del impacto de la COVID-19, así como un procedimiento específico de otorgamiento por su carácter no periódico y excepcional que permite unificar en un acto administrativo la publicación de las bases y la convocatoria de las ayudas con el objetivo de agilizar los expedientes.