El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha considerado este martes que es “una auténtica aberración” que el Estado condone los intereses de las comunidades autónomas en vez de asignar más fondos al sistema de financiación que sufraga los servicios públicos esenciales.
González Ortiz, en el pleno del Parlamento canario, ha precisado que compensar a las peor financiadas, como Canarias, tendría un coste para el Estado de 2.200 millones de euros frente a los 5.800 millones que supondrá la aplicación del 0% a la deuda autonómica.
Ha considerado que condonar los intereses de las comunidades es “la mayor aberración” en materia financiera que, en años, haya podido cometer un gobierno con una medida que “responde a intereses políticos, perpetúa los desequilibrios y sigue condenando a Canarias a la cola en la financiación de sus servicios esenciales.”
El consejero ha defendido la creación de un fondo de compensación transitorio como mecanismo para nivelar la situación de las comunidades que reciben recursos por debajo de la media estatal.
Ha reiterado que la quita de intereses “no responde a criterio objetivo alguno salvo arreglar las cuentas a determinadas comunidades autónomas”, si bien ha reconocido que cumplir con el déficit permite al Gobierno canario tener solvencia y optar a condiciones de financiación más ventajosas, lo que lleva a un sustancial ahorro.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno central lo hace a costa de romper su propio discurso porque el argumento utilizado para no subsanar los desequilibrios del sistema de financiación era que no había un solo euro adicional.
Sin embargo, el coste que asumirá el Estado para que las autonomías no paguen intereses por su deuda es más del doble de lo que supondría situar en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, para que accedieran en equidad a la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha agregado.
No obstante, ha continuado, el Gobierno de Canarias siempre estuvo de acuerdo en que todas las comunidades pudieran beneficiarse de los bajos tipos de interés que obtiene el Tesoro español en los mercados.
“Pero otra cosa bien distinta es que la diferencia entre ese coste del Tesoro y el cero por ciento que se aplica ahora a los intereses de la deuda autonómica sea asumida por el Estado sin tener en cuenta que hay ciudadanos, como los canarios, a la cola en los recursos del gasto social”, ha aseverado.
En su opinión, la condonación total de los intereses solo responde a intereses políticos y, además, condena a Canarias a la cola de la financiación de sus servicios públicos esenciales.
El diputado del PP Jorge Rodríguez ha señalado que no ha habido “ni una sola” decisión del Gobierno central que haya aplaudido el Ejecutivo canario, que, a su juicio, se ha dedicado a crear problemas nuevos.
Rodríguez ha valorado que la mejora de la situación financiera del Estado permite mejorar la financiación y la tesorería de las entidades locales y regionales.
Ha demandado al Gobierno canario que destine el ahorro de los intereses de la deuda de 2015 a inversión social y a terminar el hospital de Fuerteventura y la carretera de Agaete a la Aldea, en Gran Canaria.
El diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez ha criticado que el Estado se haya equivocado en su estrategia de cumplir con el pago de la deuda, ya que a los que incumplieron se les hace una quita y se les favorece.
Rodríguez también ha preguntado qué va a hacer el Gobierno canario con los 113 millones de euros que se liberan en virtud de la condonación y se ha mostrado a favor de la revisión del sistema de financiación, “una chapuza” del Estado.
Asimismo, ha denunciado que el Gobierno canario haya estado del lado del desempleo y de la miseria y haya impulsado una política “suicida” que ha quebrado la cohesión social y los servicios públicos.
El diputado del PSOE Manuel Marcos ha apuntado que si las comunidades precisan acceder a deuda pública para sufragar servicios esenciales es porque el sistema de financiación no funciona.
Marcos ha criticado que el PP no quiera oír hablar de criterios objetivos de reparto de los fondos sino de criterios “estrictamente políticos”, al mismo tiempo que ha detallado que el rigor presupuestario ha permitido que este año se destinen 109 millones de euros a políticas sociales en lugar de a pagar intereses.
El diputado de CC José Miguel González ha exigido al Estado lealtad institucional y no que no engañe a las comunidades que, como Canarias, cumple de forma estricta con la deuda adquirida.
Ha insistido en que las comunidades que han infringido disponen ahora de mayor aportación del Estado que las comunidades que han cumplido, cuantía que se podría destinar a las comunidades peores financiadas.