El magistrado de la Audiencia Nacional participa en las II Jornadas sobre prensa y justicia desarrolladas en la ULL
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska defendió este jueves la necesidad de que los medios de comunicación puedan desarrollar sin problemas su labor, puesto que de este modo contribuyen a difundir la labor de los tribunales entre la sociedad. Sin embargo, reflexionó que en ocasiones pueden existir fricciones, ya que “la verdad judicial y legal es normativa y en un tribunal no toda la información vale si no ha sido obtenida por procedimientos autorizados. Eso difiere de la verdad periodística, que posee otras razones y métodos”.
Grande-Marlaska realizó estas declaraciones durante la mesa redonda en la que participó dentro de las II jornadas sobre prensa y justicia que han organizado conjuntamente el Consejo General del Poder Judicial y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, y que se han desarrollado durante dos días en el centro académico, según informa en un comunicado la ULL.
Ahondando en su argumentación, el magistrado explicó que, por ejemplo, un tribunal nunca podría tomar en consideración una escucha telefónica si esta no fue autorizada, “por muy explícita que sea”. En cambio, esa información si puede ser relevante desde el ámbito periodístico. Y ahí surgen las fricciones, puesto que la publicación en prensa de ese testimonio no autorizado legalmente podría llegar a “menoscabar el estado de derecho”, puesto que en éste la verdad judicial es la que debería prevalecer, al ser la que garantiza la protección legal de los ciudadanos.
En este sentido, apeló a la responsabilidad de los medios a la hora de ejercer su actividad, y recordó que tanto los magistrados como los funcionarios de justicia están sujetos a sanciones si no actúan con la debida diligencia, lo cual no sucede en el caso del periodismo.
Recordó como ejemplo un caso que instruyó, en el cual había un testigo protegido relacionado con el terrorismo islámico, cuya identidad estaba protegida no sólo por el secreto de sumario, sino por la legislación específica para esta clase de testimonios. A pesar de ello, un medio de comunicación publicó una fotografía de carné y el nombre de esa persona, lo que puso en peligro el desarrollo del proceso y la propia vida del testigo.
Grande-Marlaska elevó una reclamación a la comisión de deontología de la Asociación de la Prensa y, para su sorpresa, ésta concluyó no haber detectado falta responsabilidad por parte del periódico. “En ese momento pensé que, si en ese caso tan evidente no existía espacio para la corrección y la autocrítica, ¿cuándo lo habría?”.
GENERAR OPINIÓN PÚBLICA
A pesar de todo, el magistrado defendió el papel de la prensa en el estado de derecho por su contribución a generar opinión pública, transmitir transparencia de las instituciones judiciales y, llegado el caso, favorecer su control social. Por ello, abogó por que, en la medida de lo posible, y siempre que no se ponga en peligro el propio desarrollo de la instrucción de cada caso, el proceso judicial debería ser lo mas público posible y tener su reflejo en la prensa.
Aún así, señaló que deben existir excepciones y no comunicar determinadas actuaciones judiciales que necesitan privacidad para poder desarrollarse con éxito y, de este modo, obtener pruebas y testimonios sin interferencias, las cuales suelen estar protegidas bajo el secreto de sumario.
También reflexionó sobre cómo la presión mediática puede afectar a determinados procesos judiciales incluso antes de iniciarse. Puso como ejemplo el reciente caso de Marta del Castillo, en el cual se debatió si debía ser juzgado por un jurado popular o uno profesional. En la decisión final pesó la creencia de que un jurado popular podría actuar mediatizado, ya que durante un año se había estado informando y opinando sobre el caso en los medios.