Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias --PSOE, NC, Sí Podemos y ASG-- han dejado ultimado este jueves el presupuesto autonómico de 2022 con la aprobación del dictamen en comisión parlamentaria que se será refrendado la próxima semana por el pleno del Parlamento autonómico.
A las cuentas diseñadas por el Ejecutivo se han presentado más de 1.000 enmiendas parciales y un total de 56 correspondientes a los grupos de la oposición --CC, PP y Mixto-- han sido aprobadas, la mayoría transaccionales, se han quejado desde las filas de CC y PP. Los grupos del cuatripartito han presentado 145 enmiendas que mueven algo más de 52 millones. Pero pese a aprobar más de medio centenar de aportaciones de otros grupos, CC y PP se han quejado de que se ha “pasado el rodillo”. “Eso no es pasar el rodillo”, ha defendido el diputado del PSOE Iñaki Álvaro Lavandera tras escuchar las quejas de Socorro Beato, de CC-PNC y de Fernando Enseñat, del PP.
En total, el proyecto de ley de presupuestos suma 9.098,3 millones, un 7,3% más que este ejercicio --624,2 millones más-- con el 75% del gasto no financiero destinado a políticas sociales y servicios públicos.
Ricardo Fernández (Cs) ha hecho una breve intervención para aclarar que sus votaciones representan a su partido y no a la totalidad del grupo --que comparte con la exportavoz de la formación naranja, Vidina Espino--.
Por ASG, la diputada Melodie Mendoza ha defendido que las cuentas son “equilibradas y solidarias entre territorios”, incluyendo 100 millones de euros para La Palma, y dedican tres de cada cuatro euros a los servicios públicos mientras que su compañero Jesús Ramos ha destacado el “arduo” trabajo de las consejerías por cuadrar las partidas.
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha valorado el apoyo a las islas incluido en los PGE y ha tildado los presupuestos canarios de “prudentes, realistas y comprometidos con la sociedad”, equilibrados geográficamente y que “ponen fin” a la austeridad con aumento del gasto social, poniendo como ejemplo la contratación de 126 personas para al área de Derechos Sociales.
Luis Campos, portavoz de NC, ha valorado que los presupuestos van a ayudar a la “reconstrucción” de La Palma, resaltando las rebajas fiscales para damnificados, al tiempo que ha dicho que las cuentas se orientan en general a la I+D+i y el fomento de las energías renovables, y en línea con los objetivos del Plan Reactiva y la Agenda 2030.
El PP habla de “rodillo”
Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha lamentado que solo se aprueben 11 enmiendas de 321 y ha cargado contra unos presupuestos “irreales” que no apoyan a los sectores productivos y responden a la “soberbia, conformismo y pasividad” del cuatriparito.
Ha acusado a los grupos de “pasar al rodillo”, algo que ha puesto de manifiesto con el bloqueo en la admisión a trámite de un conjunto de enmiendas que abogaban por la bajada de impuestos por una “rigurosa interpretación” del reglamento. “Se coarta el debate parlamentario”, ha agregado.
Socorro Beato (CC-PNC) ha criticado que los presupuestos “no tienen en cuenta” la coyuntura económica, “no son prudentes ni creíbles”, y no aciertan en las prioridades ni en lograr el “equilibrio” entre los servicios públicos y la generación de actividad económica.
Ha señalado que solo han aprobado dos enmiendas genuinas de su grupo, una sobre la protección del agua y otra de la reserva de Fuerteventura --el resto, más de una veintena, están transadas-- y cree que se podía haber hecho un mayor esfuerzo presupuestario por La Palma.
“Estabilización” de los servicios públicos
Por el Grupo Socialista, Matilde Fleitas ha destacado que las cuentas consolidan la “estabilización” de los servicios públicos tras dos años de “incertidumbre” mientras que Iñaki Lavandera ha destacado el “barniz de responsabilidad” de los grupos del cuatripartito por incorporar enmiendas de la oposición al texto.
No obstante, ha señalado que la mayoría eran “inviables” porque daban de baja partidas “imprescindibles” para el funcionamiento de la comunidad autónoma, algunas de ellas, incluso, “producen sonrojo”, subrayando que los presupuestos apuntalan un crecimiento económico sostenible y sin subir los impuestos.