La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mantiene abierta la operación Unión, en la que ha detenido a veinte personas por corrupción municipal y urbanística en Lanzarote, y no descarta nuevos implicados en los próximos días, informaron a Efe fuentes de la investigación.
Durante la jornada de este domingo, el juez titular del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife de Lanzarote, César Romero Pamparacuatro, tomó declaración a los últimos detenidos en esta red que cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias.
Fuentes de la investigación informaron a Efe de que la UCO sigue con el análisis de la documentación incautada en los numerosos registros practicados en Lanzarote y que, con arreglo a los datos que ofrezcan, no se descarta practicar nuevas detenciones en los próximos días.
Hasta el momento, desde el pasado lunes día 25 han sido detenidos en la operación Unión veinte personas, entre cargos públicos, funcionarios, intermediarios y empresarios.
La operación policial, bautizada con el nombre de Unión, se inició a raíz del cobro de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
Al parecer, la Guardia Civil tiene pruebas de varias entregas de comisiones.
La desarticulación de esta trama de corrupción de Lanzarote se ha extendido desde los Ayuntamientos de Arrecife y Yaiza al Cabildo y Cámara de Comercio de la isla, además de a distintas oficinas de empresas constructoras y estudios de arquitectura.
De los detenidos por la UCO en Lanzarote, Gran Canaria y Reus (Tarragona), cinco han ingresado ya en la prisión de Tahíche por orden del juez encargado del caso.
Se trata de Dimas Martín, líder del PIL que ya cumplía condena por otros delitos, quien ha sido imputado por cohecho y tráfico de influencias; Ubaldo Becerra, teniente de alcalde de Arrecife y encargado del Plan General, por cohecho; José Miguel Rodríguez, concejal de Hacienda y Urbanismo, por cohecho; Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, por cohecho; y Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo de la isla, por cohecho.
Ubaldo Becerra y José María Rodríguez, ambos del PIL, fueron cesados por el alcalde socialista del municipio, gobernado por un pacto entre PSC-PSOE y PIL, tras las detenciones.
El resto de los detenidos que ya ha declarado han sido puestos en libertad con cargos relacionados con corrupción, en su mayoría cohecho.