Nuevo frente de batalla entre el Ministerio de Defensa y las instituciones de Fuerteventura. Los tribunales tendrán que decidir sobre la demanda interpuesta por el Cabildo majorero contra la nueva delimitación del Acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela. El ministerio ha añadido una “zona de seguridad” al cuartel que eleva a más de tres millones de metros cuadrados la superficie afectada por el uso militar y que ha sido impugnada ante la Audiencia Nacional.
No es la primera vez que el ministerio lo intenta: en abril de 2013 ya dictó una disposición para definir un espacio con el que “garantizar la seguridad de la base militar” de El Matorral. En aquel momento, el área afectada por el acuartelamiento rondaba los 2,5 millones de metros cuadrados.
Los tribunales tumbaron, en marzo de 2015, la decisión del Ministerio de Defensa, que ahora ha vuelto a la carga. El pasado mes de junio, el ministerio publicó una orden que incrementaba la superficie ‘bloqueada’ por Defensa en el acuartelamiento Valenzuela en medio millón de metros más. En julio publicó una corrección de “errores” en las coordenadas, que también ha sido recurrida judicialmente, y en agosto se difundió otro cambio en la delimitación.
En la Audiencia Nacional, el Cabildo de Fuerteventura, gobernado por CC y PSOE, solicitó que se abriera una pieza de medidas cautelares para instar la “suspensión” de la orden sobre el acuartelamiento Valenzuela.
De momento, la Corporación insular ha perdido este primer asalto. En un auto reciente, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha desestimado su petición. La resolución judicial apunta que la medida cautelar se aplica cuando, en caso de no hacerlo, el procedimiento judicial pierde su fin y, la hipotética sentencia, cuando se produzca, dejaría de tener “efectividad”.
Hace apenas tres años, la Audiencia Nacional dictó sendas sentencias a favor del Cabildo y del Gobierno de Canarias y anuló otro intento de incrementar el suelo militar en El Matorral con una “zona de seguridad”. La Audiencia señaló entonces que el Ministerio de Defensa había “omitido en el procedimiento un informe” fundamental, que debía servir de base para determinar la zona de seguridad del acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, y sin el cual faltaba “la justificación suficiente” para su delimitación.
“Además de la omisión” de ese informe clave, el tribunal resaltó que se había producido “una ampliación de la zona de seguridad en 400 metros” que tampoco contaba con el dictamen de la Inspección General del Ejército, “por lo que tal ampliación o modificación debe reputarse arbitraria y no justificada, al no estar fundamentada en informe técnico alguno”, tal y como puntualizaba la Audiencia.
Ahora, el Ministerio de Defensa, a través del boletín oficial, vuelve a referirse a la ampliación del suelo militar en El Matorral de forma escueta: señala que “se hace aconsejable” preservar el cuartel “de cualquier obra o actividad” que pudiera afectar a la instalación militar, así como “asegurar” su “aislamiento”.
Los perjuicios
Además de las nuevas acciones legales ante la Audiencia Nacional, las instituciones de la Isla han aprobado iniciativas en las que se acusa al Ministerio de Defensa de no buscar “el diálogo y el consenso con vecinos y administraciones para la nueva delimitación” y de “imponerla” con “un sensible incremento de superficie”, que se calcula sobre un 20% más. Los perjuicios para el interés general de Fuerteventura son evidentes, según las instituciones de la Isla: los nuevos límites del cuartel afectan al vecindario de El Matorral, a los márgenes de la actual carretera FV-2 y, además, se extiende sobre el entorno de la población de Llanos de La Mareta, bloqueando las previsiones recogidas para este núcleo en el Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto del Rosario.
Otro de los perjuicios, que puede tener un coste millonario para las arcas públicas, es el impacto en el “trazado previsto para el tramo de la futura autovía” incluida en el Eje Norte-Sur, que tendría que trasladarse hacia el interior, lo que provocaría el incremento de longitud de la vía y su correspondiente coste añadido.
Inaugurado en 1980, el acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela ha quedado encajado entre dos localidades, El Matorral y Llanos de La Mareta, cuyo crecimiento “limita” de forma evidente. También el propio aeropuerto ve cómo su “futuro desarrollo y ampliación” se lastra por una decisión del Ministerio de Defensa adoptada “unilateralmente y de espaldas a las instituciones y a la sociedad majorera”, tal y como se recoge en una iniciativa respaldada por las corporaciones locales y que ha sido enviada al Parlamento de Canarias, del que se solicita “un pronunciamiento explícito”.
La recurrente polémica por las maniobras militares
Cada vez que hay ejercicios militares de envergadura, en las instituciones de la Isla se enciende la polémica. La última ocasión tuvo lugar con las maniobras ‘Gruflex’, este pasado mes de noviembre. Y sucedió en junio del año pasado, con el cuartel de El Matorral como centro de operaciones y despliegue de material bélico cerca de Playa Blanca y en Gran Tarajal. Uno de los argumentos más socorridos es el del impacto en la imagen turística de la Isla: en ocasiones partidos y patronales defienden que es una “imagen que no favorece” al sector y otras veces todo lo contrario, argumentan que dan “sensación de seguridad” a los visitantes.
Por ‘Gruflex’ se celebró un pleno en el Cabildo en el que el portavoz de CC, Rafael Páez, defendía que no se volviesen a desarrollar maniobras militares en las costas de la Isla, recordaba el varamiento masivo de zifios por unos ejercicios en 2002 (‘Neotapon’) y criticaba la gran cantidad de “territorio ocupado” por el Ejército, al tiempo que advertía que no iban a “renunciar” a que ese suelo se liberase de uso militar.
El portavoz de Podemos, Andrés Briansó, recordaba que las Islas rechazaron hace tres décadas la entrada en la OTAN y reivindicaba que Fuerteventura fuese considerada como “territorio de paz” y no utilizar a la Isla como escenario militar.
Para Juan Jiménez (PSOE), Fuerteventura “tiene que ser territorio de paz, pero eso no colisiona con las prácticas militares”.
En el otro extremo, Claudio Gutiérrez (PP) cuestionaba a CC por azuzar el “sentimiento antimilitarista” para luego acudir a actos de militares “dando palmadas y haciéndose fotos”.
Alejandro Jorge (NC) criticaba que CC siempre “ha demonizado las actividades militares”, que mantiene “posicionamientos radicales” que se acrecientan “en periodos electorales”, pero que cuando se necesita “ayuda” se recurre al Ejército, como sucedió con el hundimiento de las gabarras en Gran Tarajal.
El Ministerio de Defensa tiene destinados para uso militar más de 45 kilómetros cuadrados en Fuerteventura. Y cuenta con “algo más de 600” efectivos en la Isla, según apuntó el que fuera ministro de Defensa, Pedro Morenés. Si los terrenos afectados por Defensa en la Isla fueran un municipio, superaría en superficie a 39 de los 88 municipios de Canarias. Los terrenos militares en Fuerteventura tienen una extensión similar a todo el municipio de Agaete, en Gran Canaria (45,4 kilómetros cuadrados), o a Fasnia en Tenerife (45 kilómetros), ocupan más superficie de la que tiene Santa Cruz de La Palma (43,3 kilómetros) y duplican en tamaño a Arrecife en Lanzarote (22,4 kilómetros).
Solo el campo de tiro de Pájara, tal y como quedó delimitado en 2012, cuando se declaró de interés para la Defensa nacional y se estableció un perímetro de protección, tiene 42 kilómetros cuadrados de superficie. El acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, las instalaciones en la montaña de La Muda, enclavadas en el paisaje protegido de Vallebrón, o el cuartel de Puerto del Rosario, son otras de las instalaciones militares más destacadas de la Isla.
En cuanto al campo de tiro de Pájara, las instituciones de la Isla y colectivos como la Plataforma La Costa han recalcado que su uso militar choca con los intentos de proteger de forma efectiva el espacio por sus valores naturales. El propio Ministerio de Defensa incluye el campo de tiro de Pájara, que se utiliza para maniobras militares desde 1977, en un inventario de recursos naturales y destaca la existencia de hábitats protegidos por la Unión Europea. En concreto, 586 hectáreas de acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas, dunas móviles embrionarias y áreas de matorrales de gran valor. Dentro de los límites del campo de tiro también se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Cueva de Lobos, con más de 623 hectáreas de superficie. En su momento, el Cabildo valoró la posible inclusión del espacio ocupado por el campo de tiro en el futuro Parque Nacional de Zonas Áridas, una iniciativa que no ha avanzado en el presente mandato.