La central de refinado del petróleo CEPSA, en Santa Cruz de Tenerife, y el Gobierno de Canarias han sido denunciados ante la Fiscalía provincial por el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La denuncia se sustenta en informes científicos que avalan los “incontrolados vertidos contaminantes” de metales pesados al aire, mar y subsuelo“, que ya deberían haber sido analizados, como denuncia la Unión Europea y en la que se señala una dejadez de funciones por parte del Gobierno canario. Por eso se pide que sean citados a declarar el gerente de CEPSA, el ex consejero Domingo Berriel, la actual viceconsejera Guacimara Medina y el presidente del Gobierno Paulino Rivero.
Guigou afirmó que esta denuncia tendría que haber sido respaldada por el Gobierno Municipal, sobre todo al cabo de ocho acuerdos municipales aprobados por unanimidad para que Salud Pública elaborara un estudio epidemiológico sobre la contaminación ambiental de la refinería, que permanece oculto. “En la última comisión de control del Ayuntamiento, el pasado martes, el primer teniente de Alcalde Julio Pérez nos comunicó que el estudio fue remitido el 28 de diciembre, y que ya nos lo hará llegar”.
En la denuncia presentada este miércoles a la Fiscalía, se señala que la refinería, con más de 70 años en funcionamiento, es la única en España que permanece en el centro de la ciudad y ha quedado obsoleta, “como los propios responsables de CEPSA han reconocido”, y se pide que la Fiscalía establezca sus propias estaciones medidoras ya que las del Gobierno de Canarias, “están en terrenos de la propia central y se desenchufan automáticamente cada vez que se sobrepasan los límites”.
Eso fue lo que ocurrió el pasado 30 de enero, cuando, según Ciudadanos, no hubo mediciones “para ocultar el exponencial aumento de peligroso benceno”. “Pero eso no es nuevo. Sistemáticamente, cuando se sobrepasan los límites, las estaciones medidoras se apagan”.
Níquel, cadmio, mercurio, plomo?
Dos estudios sí hechos públicos, uno de la Universidad de Valencia y otro del departamento de Ecotoxicología de la Universidad de Santiago de Compostela, revelan los altos índices contaminantes de la refinería, que según el gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible (Tomás Azcárate), “supera en más de 120 emisiones al año la emisión de partículas contaminantes en el entorno de la refinería, cuando la legislación europea solo ha permitido en el pasado un máximo de 35 veces por año, y que en la actualidad, han quedado restringidas a siete”.
Los mismos estudios alertan no solo de las contaminaciones por benceno, sino también por banadio, níquel, cadmio, mercurio, plomo, criseno y benzofluoranteno, por lo que Universidad compostelana recomienda hacer estudios epidemiológicos.
Después de que en los plenos municipales de 15 de junio y 8 de octubre de 2009 se aprobase por unanimidad instar al Gobierno canario para realizar esos estudios, que ha habían sido aprobados en tres ocasiones por el Parlamento regional, la Comisión Europea advirtió que España sería multada “por la contaminación medioambiental en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife en aplicación de la directova 2008/50”. En la denuncia se señala que es el Tribunal de Europeo de Luxemburgo el que en la actualidad instruye la denuncia presentada por la CE.
Asimismo, se hacen constar los diferentes expedientes abiertos a CEPSA por vertidos al dominio público municipal, entre ellos, cuatro de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Sin embargo, según Ciudadanos, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, “no solo no solo ha sancionado a CEPSA, sino que nada se sabe de la resolución de esos expedientes, y lo más grave, el exconsejero (Domingo Berriel), que parecía consejero de CEPSA, no solo no multó a esa empresa, sino que en julio de 2009 se modificó la Autorización Ambiental Integrada, por la que se le permite emitir más contaminantes”.