SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha indicado que el sector hortofrutícola de las islas ha percibido ayudas por un importe de 260.751 euros para compensar las pérdidas ocasionadas por la crisis provocada por el brote de E.coli y la acusación vertida sobre los pepinos españoles como origen de las muertes causadas en Alemania por esta bacteria.
En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, el consejero señaló que “afortunadamente” esta crisis ha tenido poca repercusión en Canarias debido a que a finales de mayo, fecha en que se iniciaron estos acontecimientos, la campaña de exportación prácticamente había finalizado.
Hernández explicó también que en el archipiélago se vieron afectadas tres organizaciones de productores dedicadas al tomate de exportación --de las once existentes--, las cuales optaron mayoritariamente por dirigir la retirada de producción --730.745,57 kilos-- a alimentación animal.
El consejero aclaró que de la cantidad percibida en ayudas por los productores del archipiélago hasta el 15 de octubre, algo más de 242.600 euros corresponden a la medida de carácter excepcional por la que se establecieron indemnizaciones financiadas con fondos europeos para la retirada de cinco hortalizas --pepino, pimiento, tomate, lechuga y escarola-- entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2010.
Asimismo, de esas ayudas, 18.143,85 euros se correspondieron con la medida encuadrada en la OCM de frutas y hortalizas que contempla programas de información y promoción de estas producciones e indemnizaciones directas a los productores afectados en el marco de las cuales se prevé en 2012 el pago de un montante adicional para Canarias de 13.643,58 euros.
Por último, Juan Ramón Hernández recordó que el 7 de junio se celebró una reunión de ministros de Agricultura de la UE en la que se ofrecieron 150 millones de euros en ayudas para todo el sector europeo, cantidad que España, Francia y Holanda, entre otros países, consideraron insuficiente. En consecuencia, la Comisión Europea decidió aumentar finalmente la cifra a 210 millones, cuantía que, apuntó el consejero, tampoco cumple con las demandas planteadas por el sector español.