El Plan de reparto de los 163 millones del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) entre los cabildos en una auténtico 'ni-ni'. Ni hay reparto ni hay plan ni el dinero se destinará a infraestructuras sociosanitarias, como pedían los socios de CC en el Gobierno. Apenas un “compromiso para el impulso del modelo económico mediante los recursos incorporados a la financiación autonómica” de la extinguida figura impositiva hasta el año 2026, tal y como reza el frontispicio del documento suscrito por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con seis (otra vez faltó el díscolo representante de Gran Canaria) de los siete cabildos insulares en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.
“No hay reparto, se ha generado una polémica sobre un reparto ficticio. Se van a financiar proyectos”, aseguró Clavijo a los medios de comunicación tras la firma del documento.
Y es que, pese a que fue el propio presidente el que generó hace meses esa controversia política al lanzar el criterio de la triple paridad para repartir el dinero del extinto IGTE, ha insistido en que “el reparto es imposible porque hay proyectos plurianuales en marcha”.
“¿Han visto la triple paridad en algún punto del documento?”, preguntaba a los periodistas el presidente de turno de la Federación de Canaria de Islas (Fecai) y titular del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales.
¿Y qué ha pasado con esa condición 'sine qua non' aprobada por seis de los siete cabildos el pasado 22 de octubre, con declaración institucional incluida en la sede del Parlamento de Canarias? Morales también tiene la respuesta: “era un punto de partida para iniciar un diálogo en el que al final todos hemos cedido”.
Así que el 'no reparto' ha acabado con la triple paridad y todas sus variantes, como “evitar la doble insularidad” o “tratar diferente a quienes son diferentes”; dos eufemismos con los que Clavijo intentó sortear el espinoso asunto de la distribución de fondos tras la reunión que mantuvo con el Consejo Asesor el pasado 24 de noviembre.
“La de hoy es una buena noticia, es un paso más de un proceso que tenía una hoja de ruta clara, y era que los 1.600 millones del IGTE en los próximos 10 años se conviertan en un potente plan de desarrollo y cohesión social”, aseguraba Morales en nombre de seis de los siete cabildos.
Aunque hay que aclarar también que el documento suscrito “no es el plan”; pues a partir del 15 de enero cada cabildo deberá reunirse con sus respectivos municipios para diseñar los proyectos que se consideran estratégicos para ser financiados a cuenta del IGTE.
¿Y el objetivo? que en el años 2026 “Canarias cuente con una radiografía que refleje un porcentaje de desempleo que se aproxime a un solo dígito”, haciendo un “especial esfuerzo” en el sector primario e industrial con “un impulso sin precedentes de las energías renovables” y la creación de “un ecosistema emprendedor”.
Acabar con las “dos velocidades”
“Canarias somos ocho islas, y solo a Canarias le irá bien si le va bien a todas, pues no saldremos de la crisis si a unas les va muy bien y a otras muy mal”, intentó resumir Clavijo para justificar que donde durante meses han dicho digo ahora se diga Diego.
Y en esto tuvo la ayuda del presidente del Cabildo gomero y líder de ASG, Casimiro Curbelo, que en un corrillo con periodistas al finalizar el acto protocolario explicaba que “Canarias no puede seguir creciendo a dos velocidades, con unas islas detrás de otras, así que lo que se hará será presentar proyectos que sirvan para revitalizar la economía de cada una de ellas. Claro que habrá reparto, pero no al principio, se verá al final” y estará basado en el número de proyectos presentado.
Proyectos que serán evaluados por la Consejería de Economía, trasladados al Consejo Asesor del Presidente y, posteriormente, al propio Gobierno antes de que la Consejería de Hacienda libre el dinero necesario para llevarlo a cabo.
¿Y ese dinero existe? Pues según la consejera Rosa Dávila, sí. Primero, porque tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estamparon sus firmas el 16 de noviembre en un documento vinculante incluso para el actual Ejecutivo central en funciones como por el hecho de que en los Presupuestos canarios aprobados el 22 de diciembre en el Parlamento se incluyó una disposición adicional que faculta al gabinete de Clavijo a, en virtud al acuerdo de la Comisión Bilateral, “generar los créditos en estado de gastos independientemente de la forma de percepción de la compensación que realiza dicho acuerdo tanto por el importe de la compensación anual estipulada como por la cuantía que requiere la deuda”.
Es decir, que a menos que un nuevo Gobierno “lo cambie”, esos 163 millones de euros pueden ser manejados por el gabinete canario desde el próximo 1 de enero.
“Es absolutamente vinculante, y tenemos el compromiso de todas las fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones, de que ese compromiso no se va a modificar y, en todo caso, se incluirá en nuevo sistema de financiación autonómica o como una ley económica propia”, insistió Clavijo.
Lo sociosanitario no mejora la competitividad económica
Y en cuanto a las pretensiones de sus socios socialistas de que se financien infraestructuras sociosanitarias, el presidente también lo tiene claro:“no, porque no mejoran la competitividad de la economía canaria”.
“Son imprescindibles para el Estado del Bienestar, pero hay que verlo todo de forma global y estas infraestructuras, como las educativas, tienen su propio espacio en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.
Es decir, que los fondos del IGTE tendrán en cuenta la inversión en desarrollo e innovación, infraestructura pública y las políticas activas de empleo, tal y como se acordó el pasado 24 de noviembre en el Consejo Asesor.