El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad de los siete grupos (PSOE, CC, PP, NC-BC, Vox, ASG y AHI) iniciar la tramitación parlamentaria de la ley de volcanes, una iniciativa legislativa popular avalada por más de 19.000 firmas.
Los promotores de la misma han criticado que el hecho de tener que presentarla significa el “fracaso” de los partidos políticos para aprobar una ley en beneficio de las personas afectadas por una erupción volcánica.
La propuesta se ha presentado después de la erupción del volcán Tajogaite en 2021 en La Palma, y Juan González Martín, portavoz de los impulsores de la iniciativa, ha señalado que es “muy probable” que los hijos y nietos de quienes la han sufrido también sean afectados por otra proceso eruptivo por lo que es preciso que haya una ley “para que no pasen por lo que hemos pasado nosotros”.
González ha asegurado que tras la erupción volcánica les presentaron a los partidos políticos un plan “con los mismos puntos” que ahora figuran en la iniciativa, pero “no nos hicieron caso”.
Las propuestas se presentaron tanto a ministros como a diputados nacionales y autonómicos y el Parlamento de Canarias creó una comisión cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad y entre ellas se establecía la necesidad de una ley de volcanes, pero “no nos hicieron caso”, ha reiterado.
Por eso las personas afectadas decidieron elaborar una iniciativa popular de ley de volcanes que no se haga “contra los afectados”, ha destacado Juan González Martín.
Ha recordado que querían un plan de reconstrucción pero “cada administración ha hecho un trabajo sin tener en cuenta a las otras”, con lo que “una vez más la burocracia sigue comiéndose la emergencia”, y Juan González Martín ha reconocido que se han tomado medidas pero han sido “parciales y en muchos casos improvisadas y previstas para otras necesidades, no por un volcán”.
Ha hecho hincapié en que no se ha tenido en cuenta que hay viviendas dañadas para las que las ayudas son insuficientes, y que algunas están rodeadas por la lava cuyos propietarios están obligados a vivir en ellas.
Juan González Martín ha manifestado que ante la catástrofe natural más grande de Europa “no hubo unidad política”, y se actuó de forma que primó la construcción de carreteras, “necesarias o no, en lugar de las viviendas”, y ha añadido que se expropiaron terrenos y sus propietarios no han cobrado.
Ha valorado los decretos que se han aprobado en materia territorial, en vivienda protegida y agrarias, con las que se garantiza la compensación a las personas afectadas y la construcción de vivienda, “como siempre hemos reclamado”.
En esta propuesta se busca la retroactividad de las medidas para los afectados por la erupción de La Palma y “blindar” los derechos socioeconómicos, y que el periodo de espera para la recuperación de los bienes o del importe desde el inicio de una erupción sea racional y que, mientras eso ocurre, las víctimas cuenten con un lugar “digno” donde vivir.
El portavoz de la plataforma ha hablado asimismo de la necesidad de recuperar la “memoria” de lo perdido, y en la iniciativa también se plantean medidas tanto urbanísticas como sanitarias y esperan que haya un plan de salude mental “que llega tarde para muchos”.
Juan González Martín también ha criticado la “lentitud y deshumanización” del proceso legal, por lo que reclaman mecanismos que den agilidad a los trámites y que se trate a las personas afectadas como seres humanos.
Y ha preguntado a los diputados que si entrase en erupción un volcán en el lugar en el que viven qué se llevarían, y ha asegurado que de ellos depende recuperar la confianza en la clase política.