ARRECIFE (LANZAROTE), 7 (EUROPA PRESS)
El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, instructor del denominado 'Caso Unión' que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, ha imputado al arquitecto Víctor Alberto Sánchez Martín, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de alteración de precios en concursos.
Así lo informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al término de la comparecencia de Sánchez Martín, cuya imputación se suma a la del otro arquitecto José María Pérez Sánchez, quien también prestó declaración hoy ante el magistrado y quedó igualmente en libertad imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y alteración de precios en concursos.
Tanto Pérez como Sánchez y el arquitecto Carlos Morales podrían haber sido consultados por el ex concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda, Ubaldo Becerra, para “manipular” la adjudicación del Plan General del municipio, según fuentes consultadas por Europa Press.
En concreto, José María Pérez Sánchez compareció a partir de las 09.30 horas ante el juez César Romero Pamparacuatro y, posteriormente, prestó declaración a las 11.00 horas Víctor Alberto Sánchez Martín.
Los despachos de estos dos profesionales de la arquitectura fueron registrados el pasado 25 de mayo, cuando el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró también el Ayuntamiento de Arrecife.
La 'Operación Unión' investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla como Yaiza. Este caso lo siguen realizando miembros de un operativo de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. La investigación aún sigue abierta aunque bajo secreto de sumario.
Dicha operación, en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.