El Gobierno de Canarias ha abierto un expediente al funcionario Juan Francisco Troya, jefe de servicio de Promoción Pública de Vivienda del Ejecutivo regional, que está imputado por un presunto caso de prevaricación tras la querella interpuesta en 2009 por un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria que le acusó de interceder en una investigación del Ayuntamiento de la capital para favorecer los intereses de una particular en un conflicto sobre las escrituras del inmueble en el que habitaba el querellante.
El abogado de J.R.P., denunciante del caso, ha informado a este periódico que el proceso judicial abierto está pendiente de la resolución del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, en el que Troya declaró en calidad de imputado por prevaricación, abuso de autoridad y revelación de información privilegiada.
El querellante reside desde hace más de 30 años en una casa de la calle Agustina de Aragón, perteneciente al grupo de 174 viviendas de Generalísimo Franco, que fue adjudicada por el Ayuntamiento al padre de su difunta esposa. El inmueble estuvo ocupado hasta 1987, año de la muerte del adjudicatario, por el denunciante, su esposa y su cuñada, I.M.P., la supuesta beneficiaria de la mediación del funcionario Juan Francisco Troya.
A partir de ese momento, y según el relato del querellante, la cuñada mantuvo desocupada la vivienda de titularidad municipal, motivo por el que se abrió en 1999 un expediente por resolución de contrato de arrendamiento. Sin embargo, no fue hasta 2006, tras un escrito de J.R.P., cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento se decidieron a actuar.
En un informe emitido por el consistorio capitalino el 13 de noviembre de 2006, dos trabajadoras sociales manifestaron que Troya les presionó para saber qué día iban a visitar la vivienda y para indicarles que la propuesta debía ser favorable a los intereses de I.M.P. Además, apuntaban que era el querellante quien había residido “permanentemente” en la vivienda.
Visita a Gáldar y llamada de Troya
En su relato de los hechos, las empleadas municipales explican que el 6 de noviembre, una semana antes de emitir el informe, acordaron visitar Gáldar para comprobar si I.M.P residía en el barrio de Rojas, como sospechaban.
Dos días después, según consta en este informe, “mantienen casualmente un breve encuentro con Troya en los pasillos de Vivienda, interesándose este por la situación de la investigación y solicitando la mayor brevedad posible” en la resolución a favor de I.M.P. Las trabajadoras sociales le informaron entonces que cursarían la visita a Gáldar el día 10.
Sin embargo, un día antes de la fecha prevista, Troya contactó con una de las empleadas por teléfono y le informó que I.M.P residía en la calle Agustina de Aragón, que había hablado con ella y que le había comunicado que irían a esta vivienda al día siguiente, el 10 de noviembre.
Al conocer esta información, las trabajadoras sociales decidieron cambiar la estrategia “de inmediato” y giraron la visita a Agustina de Aragón ese mismo día. Al tocar los dos timbres de la vivienda (estaba dividida en dos, aunque compartían los contadores de los suministros de agua y electricidad), solo contestó J.R.P., el querellante, que residía en la planta superior.
Las trabajadoras sociales cuentan en su informe que, cuando estaba a punto de finalizar la entrevista con J.R.P., se escucharon “ruidos de puertas” en el piso inferior y que, al salir del domicilio, observaron cómo dos personas, entre ellas la cuñada del denunciante, trasladaban del maletero de un coche a la vivienda bolsas de enseres, “objetos propios de un traslado temporal”.
Posteriormente las trabajadoras sociales constataron, tras consultar con vecinos, que I.M.P. vivía en un apartamento de la calle Secretario Artiles. En el informe también hacen constar que el marido de la supuesta beneficiaria de la intercesión de Troya disponía de una plaza de garaje en alquiler en los aparcamientos de la calle Padre Cueto.
Finalmente, en el día que habían previsto para realizar la visita, las funcionarias municipales contactaron por teléfono con el querellante, que les confirmó que su cuñada y el marido de esta se habían trasladado a la vivienda de la calle Agustina de Aragón a esperarlas.
A pesar de que las trabajadoras sociales dieron la razón al denunciante para que la casa quedara a su nombre, Yolanda Ventura, entonces directora de Gobierno del área de Vivienda en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dictó en mayo de 2007 una resolución desestimando la denuncia.