SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)
Cinco empresarios tinerfeños han sido imputados por un presunto delito ecológico tras explotar “de forma ilegal y caótica” cinco canteras abiertas en los barrancos de Badajoz y Piedra Gorda en Güímar.
Un auto, emitido el 14 de mayo, por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio, Evaristo Morales, imputa de un presunto delito contra los recursos naturales al representante de Extracción de Áridos Canarios, Pedro Sicilia, al de Áridos Atlántico, Francisco Javier del Rosario, al de Áridos Puertito de Güímar, Fulgencio Díaz, al de Áridos del Sur, Antonio Plasencia, y la de la empresa Hermanos Morales Martín, José Enrique Morales.
Así lo ha adelantado hoy el periódico 'El Día' en una información recogida por Europa Press y en le que se ha recordado que dicha denuncia fue presentada en 2005 por la formación política Alternativa por Güímar que tras el cierre de las canteras decidió acudir a los tribunales para que se determinara sobre los daños causados en los barrancos.
Según recoge el auto, la actividad de estas empresas “además de haberse llevado a cabo sin contar con todas y cada una de las distintas autorizaciones administrativas necesarias para ello, ha causado también grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales y para la salud y seguridad de las personas”.
El concejal de la formación política denunciante, Francisco Hernández, ha señalado que el juzgado solicitó dos informes técnicos en donde se ha recogido que los daños causados por las empresas puede cifrarse entre los 180 y 201 millones de euros. Asimismo, se han visto afectadas un gran número de especies endémicas, concretamente 284, de las que 160 son animales invertebrados, además de las afecciones al entorno de la Corona Forestal y los recursos hidrológicos.
Hernández aseguró que ahora tienen 20 días para estudiar todos los informes que los juzgados han remitido al Ayuntamiento y que en total suponen “un metro cúbico de papeles”. El edil lamentó que tanto la exalcaldesa, Vicenta Díaz (PP), como el actual primer edil, Rafael Yanes (PSOE), se hayan limitado a criticar los daños de las explotaciones a los barrancos tras el cierre de las industrias mineras, y que no siguieran adelante para pedir responsabilidades a los empresarios sobre este “delito ecológico”.