Tres sociedades administradas por el empresario vasco Luis Gil Tejerizo, condenado en el denominado caso Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, sólo han logrado crear seis puestos de trabajo con la subvención de tres millones de euros que recibieron en 2012 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, liderado por el canario José Manuel Soria, para generar empleo y reactivar la economía de El Hierro tras el proceso sismo-volcánico que sufrió en 2011. Y no lo han hecho en esta isla, a la que estaba específicamente dirigida la convocatoria del plan de reindustrialización (REINDUS), sino en la de Tenerife -donde tienen su sede-, según ha reconocido a este periódico el propio empresario.
Hasta la fecha, estas empresas no registran ninguna actividad económica en la isla del Meridiano y las naves que adquirieron en el Polígono Industrial de El Majano, en el municipio de Valverde, permanecen cerradas porque carecen de las pertinentes licencias municipales. El empresario no ha justificado la inversión ante el Ministerio, a pesar de que debió hacerlo antes del 31 de mayo de 2013 aportando toda la documentación .
Coalición Canaria, a través de su senador Narvay Quintero, ya ha reclamado la devolución del dinero y la apertura de una nueva convocatoria. Soria le respondió en la Cámara Alta que el periodo de justificación todavía sigue abierto, pese a lo que estipulan las bases de la convocatoria, y que, “en el caso de que se determine que los fondos públicos no han servido para financiar los tres proyectos, se iniciará una nueva fase de recuperación de los recursos”.
Luis Gil, empresario al que diversas fuentes vinculan con el Partido Popular, fue el gran beneficiado de las adjudicaciones del plan de reindustrialización para el año 2012 en la isla de El Hierro. En total, recibió 3.167.854 euros de los poco más de 4.200.000 presupuestados.
La cuantía más elevada, 1.287.300 euros, la percibió a través de la sociedad Manudisten S.L. para la construcción de una planta de envasado, hortalizas y verduras. Otra de sus empresas, Lugilten Tenerife S.L.U., fue subvencionada con 1.065.360 euros para una planta de preparados (congelados o refrigerados) para vender en supermercados. Pot último, Atlante Canarias S.L. recibió 815.194 euros destinados a un laboratorio de cosméticos para marcas, hoteles y distribuidores.
El empresario dispone de dos parcelas en la zona industrial de El Majano. Una de ellas, la que albergaba la antigua fábrica de piensos, fue adquirida al Cabildo de El Hierro mediante una subasta pública, en una operación que fue denunciada ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la Liga Anticorrupción de Canarias, al entender que se había cometido una serie de irregularidades en el proceso de enajenación por parte de la institución presidida por Alpidio Armas gracias a un pacto entre PSOE y PP. Entre ellas, “ocultar” en el pliego de condiciones que en esos terrenos había una nave de 700 metros cuadrados. Esta organización sospecha que el Cabildo y Gil “pactaron” la venta antes de la subasta, ya que el empresario vasco fue el único que presentó oferta.
Además de la querella ante la Fiscalía, la Liga Anticorrupción de Canarias presentó una denuncia ante la Guardia Civil por las actuaciones -movimientos de tierra- que se acometieron en esos terrenos antes de que se produjera la subasta, sin contar con los permisos del Ayuntamiento de Valverde. En la actualidad, las instalaciones se encuentran precintadas. Las tres naves con maquinaria que tiene en la otra parcela de El Majano también permanecen cerradas a la espera de las licencias.
Gil defiende que la inversión está “plenamente justificada” y recuerda que el 75% de los fondos públicos que ha recibido no constituye una subvención, sino un préstamo que ha de devolver, sin intereses, en un periodo de quince años. “Hemos recibido el visto bueno de Industria y hemos creado seis puestos de trabajo en tres empresas, no en El Hierro, sino en Tenerife”, explica el empresario, que achaca la parálisis de la actividad a “cuestiones administrativas”.
Por otra parte, justifica el procedimiento para la adquisición de las parcelas argumentando que “el único suelo industrial” de la isla era propiedad del Cabildo.
Del McDonald al Parque Marítimo
Luis Gil aterrizó en Canarias en 1997 para explotar cuatro restaurantes McDonald en Tenerife después de haber trabajado en Bilbao y Sestao, donde había abierto dos establecimientos de esta conocida marca.
En el año 2006 se hizo cargo de la gestión del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, hasta ese momento en manos de uno de los amigos más cercanos del exalcalde Miguel Zerolo, el periodista Jorge Bethencourt, y del empresario Valentín Álvarez, a pesar de que era una empresa pública participada a partes iguales por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
Tras las numerosas denuncias presentadas por las fiestas que se celebraban en los alrededores de la piscina, el empresario decidió cerrar las puertas del parque en 2009, un año antes de que el Ayuntamiento de Santa Cruz lograra desalojarle. Sin embargo, durante dos años dejó de pagar el alquiler de la instalación de piscinas, motivo por el que fue condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a abonar un millón de euros.