Podemos ha anunciado a sus trabajadores la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que prevé el cierre de nueve de sus delegaciones territoriales, entre ellas la de Canarias, y el despido de al menos la mitad de su plantilla como consecuencia de la pérdida de representación institucional en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio.
La coordinadora general de la formación en las Islas, Laura Fuentes, confirma a este periódico que esta medida se debe a la reducción de ingresos del partido y que se está negociando. “El personal se irá con las mejores condiciones de despido e indemnización por el máximo de días”, aseguró la dirigente de la formación, que añade que “ojalá podamos volver a contar con una parte en el futuro”.
El partido anunció esta intención en una carta con fecha del día 24 de julio (al día siguiente de los comicios generales) enviada a sus empleados, según ha adelantado El Periódico de España y a la que ha tenido acceso Europa Press.
En ella, Podemos asume que se enfrenta “a un nuevo escenario” tras las dos citas electorales que, además de la pérdida de peso político, supone una importante reducción de ingresos. En concreto, revela que una “valoración inicial” de la situación sitúa las pérdidas en un 70% en el ámbito estatal y en un 90% aproximadamente en los territorios.
Incluyendo Madrid
Esto lleva al partido a anunciar la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo en nueve autonomías, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana; además de una reducción de plantilla en su sede central.
Podemos subraya la reducción de escaños en los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales como justificación de una “profunda reorganización del partido en todos los ámbitos” para adecuarse “al descenso de recursos que esto supone”.
“Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo y, en estatal, una reducción de la plantilla”, anuncia.
Con ello, el partido anuncia la apertura del ERE “por razones económicas, técnicas y organizativas”. “Dicha reorganización se afronta con el firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras”, adelanta.
Según detalla en la misiva, el ERE afectará a un total de 45 trabajadores dependientes de los nueve centros territoriales que serán cerrados (cinco en Aragón, siete en Asturias, ocho en Baleares, seis en Canarias, cuatro en Castilla-La Mancha, uno en Cantabria, tres en Galicia, cuatro en Madrid y siete en la Comunidad Valenciana).
Podemos cuenta además con 61 empleados en el ámbito estatal, el 57,55% del total de su plantilla, que también sufrirán una importante reducción.
El partido abre ahora un proceso de negociación que pilotará la secretaría de Organización dirigida por la diputada electa Lilith Vestrynge. “La Organización queda a disposición de las compañeras y los compañeros con la convicción de que entre todas seremos capaces de encontrar las mejores soluciones para impulsar de nuevo a nuestra organización, a nivel autonómico y estatal, con la certeza de que seguir conquistando derechos es posible”, reivindica la formación 'morada'.
Solo cinco diputados en el Congreso
El 23J, Podemos se presentó a las elecciones bajo el paraguas de Sumar liderado por Yolanda Díaz, que cosechó un total de 31 escaños con un 12,31% de los votos. De ellos, solo cinco pertenecen a Podemos.
Dos meses antes, el partido ya había perdido cuantioso peso territorial en los comicios del 28 de mayo, quedándose sin representación en dos plazas importantes, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, y sin alcanzar tampoco su objetivo de entrar en los parlamentos regionales de Castilla-La Mancha y Cantabria.
Además, vieron frustrada su intención de sumar con el PSOE en numerosos territorios e incluso perdieron ejecutivos autonómicos que ya tenían, como es el caso de Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón.