El 'caso Unión' se inició judicialmente el 5 de junio de 2008. Ese día se abrieron las diligencias previas 697/2008 por la comisión de delitos contra la administración pública. Se iniciaron por la denuncia del entonces secretario insular del PSOE, Carlos Espino, ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Cuatro años y tres jueces después, el caso se ha dividido ya en 16 piezas diferentes y la mayor parte del sumario, incluso con el reciente levantamiento de la pieza que gira en torno a la financiación ilegal del PIL, aún permanece bajo secreto de sumario.
El primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, ya inició seis piezas separadas, cinco de ellas abiertas en el año 2009 y una en el año 2010. La primera de ellas fue por un proyecto de diez viviendas en suelo no urbanizable y la segunda por la construcción de una bodega en el mismo tipo de suelo, seguidas del caso por la apertura del Teatro insular sin los correspondientes permisos, en el que están imputados Enrique Pérez Parrilla, Rubén Placeres y Ubaldo Becerra, y de la construcción de la casa del marido de Alexia de Grecia, el arquitecto Carlos Morales, en el que está imputado él mismo y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.
Las otras dos ya están sobreseídas provisionalmente, por parte de la actual jueza instructora, Lucía Barrancos. Se trata de un caso de tráfico de influencias por el expediente de una gasolinera en el que estaban implicados el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo y los empresarios Honorio García Bravo y su hijo. La otra causa también, archivada el pasado mes de mayo, era por un delito de revelación de secretos, relacionado con la detención de María Isabel Déniz.
De la denuncia principal, la del intento de soborno de Fernando Becerra y Luis Lleó a Carlos Espino, también se han derivado dos piezas: una sobre el soborno que tiene que ver con el proyecto de Costa Roja, en Playa Blanca, de construcción de más de mil viviendas, y otra trama por la oferta de comisiones en relación con la compra en concurso público del edificio Marina de Naos. La primera ya se ha constituido en un procedimiento de Tribunal del Jurado y probablemente sea la primera que se llegue a juzgar.
Cuatro en 2011
En diciembre de 2011, Lucía Barrancos emitió cuatro autos por los que separaba otras cuatro piezas que no tenían relación con los hechos principales y que se derivaron a otros Juzgados: la primera de ellas es por la construcción en suelo rústico de una casa en Los Rostros (Yaiza) por parte de Dimas Martín y otra por la denuncia del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés ante la UCO por posibles contrataciones irregulares en los Centros de Arte, Cultura y Turismo.
La otras dos se abrieron por dos declaraciones judiciales, una de Luis Hernández sobre la presunta comisión de un cohecho cometido para alzar el precinto de una obra suspendida cautelarmente tras el recurso del Cabildo y otra por el testimonio de Víctor Julián Cáceres que denunció la presunta adjudicación ilegal de picón rojo para actuar en una rotonda de Yaiza a Playa Blanca y la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
Las tres últimas
Entre enero y febrero de este año, se acordó abrir otras tres piezas más, que también se repartieron a otros juzgados. Algunas de ellas están pendientes de la decisión de la Audiencia Provincial, que tendrá que acordar si las causas van a otros Juzgados o siguen en el Juzgado que instruye el caso Unión. Una de las piezas se deriva de la deducción de testimonio de unos hechos relacionados sobre el patrimonio de Dimas Martín, investigado dentro de 'Unión' y que se mantiene en secreto de sumario. Otra pieza también se inició con una comparecencia de Víctor Julián Cáceres y la tercera tiene que ver con el pago de facturas por parte del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por servicios de asistencia jurídica no prestados, en la que está implicado el exconsejero del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, entre otros.
La otra pieza que completa de momento el puzle es la que se levantó esta semana, sobre la posible financiación ilegal del PIL y el cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife. Los recursos contra las resoluciones relacionadas con esta pieza se podrán interponer a partir del próximo 1 de octubre, por lo que será otro juez, el próximo que ocupe la plaza del antiguo Juzgado mixto número 5 y el cuarto en esta instrucción, quien deba resolverlos. Lucía Barrancos, que se ha estado dedicando en exclusiva a este caso durante el último año, dejará el caso en septiembre para marcharse a Durango, su nuevo destino.