Intersindical Canaria (IC) ha demandado al Gobierno de Canarias la paralización de los trámites parlamentarios para la aprobación de Ley del Suelo, sometiendo dicho proyecto a consulta popular mediante un referéndum vinculante entre la población de las islas, pues, según el sindicato, “no es de recibo el talante autoritario del Gobierno en la tramitación de esta importante norma para el futuro de Canarias”.
A través de una nota, IC ha afirmado que el Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno, que pretende establecer las normas de ordenación territorial de Canarias, supone “un hecho de máxima trascendencia, pues por su contenido se confirma que abre las puertas a un desarrollo urbanístico a la carta y sin el suficiente control”. Añade, además, que la retórica ambientalista de su redacción “esconde múltiples coladeros para, sin control, promover la política urbanística y del ladrillo”.
Según el sindicato, “la Ley del Suelo cede discrecionalmente gran parte de las competencias sobre disciplina urbanísticas a las corporaciones locales, dejando las decisiones sobre urbanismo al albur de los intereses de grupos de presión municipal o insular y hurtando al Gobierno autónomo sus actuales competencias de ordenación y protección del suelo para el conjunto del archipiélago como un espacio territorial, nacional, integral y sometido a los mismos riesgos de desarrollismo y fragilidad”.
Para IC, “especialmente peligrosa resulta el apartado en el que, al amparo del interés general, se den vía libre a obras de carácter público o privado en zonas actualmente protegidas que lesionará el patrimonio natural e incluso arqueológico”.
Por otra parte, ha señalado que la “maraña” de conceptos sin suficiente definición y la indeterminación de planteamientos jurídicos no aclarados en el Proyecto de Ley conlleva “abonar el terreno para, aparte de la ambivalencia interpretativa, impulsar la controversia y la judicialización de la aplicación de las normas a ejecutar”.
La organización sindical sostiene que este hecho contradice la filosofía argumentada por el propio Gobierno para la aprobación de la Ley, cuando afirma que la misma pretende la simplificación y la agilización de los plazos ante cualquier acción urbanística o territorial.
Intersindical Canaria incide, también, en que la Ley del Suelo “cuenta con más aspectos desfavorables que positivos, ya que supone una peligrosísima regresión en materia de protección territorial de las islas”. Además, asegura que con su aprobación y ejecución, “el Gobierno canario y sus escuderos el Partido Popular caminan en sentido contrario a la comunidad internacional en su lucha contra el cambio climático, colaborando a la degradación medioambiental de nuestro archipiélago, precisamente cuando los síntomas del empeoramiento del clima son cada día más evidentes”.