La investigación al expresidente de Puertos del Estado deja al descubierto su doble rasero con los sobresueldos

Marzo de 2017. Puertos del Estado, con José Llorca como presidente, nombra a Eva Miquel directora Corporativa, de Comunicación y Relaciones Institucionales y le asigna un sobresueldo de cerca de 33.000 euros. Miquel ya había ocupado puestos de responsabilidad en instituciones gobernadas por el Partido Popular (PP). La directiva se mantuvo en el cargo hasta julio de 2018, tras la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy y aupó a la Presidencia al socialista Pedro Sánchez.

Diciembre de 2017. Puertos del Estado, con Llorca al frente, formaliza una demanda por responsabilidad contable contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, del PSOE, a quien acusa de mantener las retribuciones extra que un grupo de directivos percibía desde hacía más de 20 años en virtud de sentencias firmes.

Aparte de ser coetáneos y de estar relacionados con pluses concedidos a trabajadores de organismos públicos portuarios, esos hechos tienen en común que fueron o serán juzgados por el Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza y enjuicia la actividad económica en el sector público, y el protagonismo en esos procedimientos del expresidente de Puertos del Estado, aunque con un papel diferente en cada uno de ellos.

Como ha publicado recientemente elDiario.es, Llorca es uno de los investigados en las diligencias que ha abierto el Tribunal de Cuentas por una presunta irregularidad en la concesión del sobresueldo a la directiva Eva Miquel, esposa de Julio Gómez-Pomar, que en aquellas fechas era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (dependiente del mismo ministerio que Puertos del Estado, el de Transportes) y que también ha sido presidente de Enaire y Renfe con gobiernos del PP.

Ese procedimiento deberá determinar si Llorca incurrió en responsabilidad contable. Es decir, si ocasionó “por dolo, culpa o negligencia grave” un daño al erario público al no exigir la devolución de las cantidades que, según una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se pagó de más a la directiva.

De momento, el órgano fiscalizador ya ha dictado una liquidación provisional para el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas y le ha exigido una fianza para cubrir su eventual responsabilidad contable

Los otros investigados en esas diligencias son sus sucesores al frente de Puertos del Estado, la canaria Ornella Chacón y Salvador de la Encina, que no coincidieron en la entidad con Miquel, ya que la directiva fue cesada nada más salir Llorca del cargo, pero que han sido incluidos por no reclamar esa diferencia con posterioridad.

Demanda contra Luis Ibarra

La actuación de Llorca en este caso contrasta con la que ejecutó por esas mismas fechas contra el entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, por otros complementos salariales, los que percibía desde 1996 el personal laboral fuera de convenio de ese organismo, una indemnización por residencia equivalente al 15% de las retribuciones básicas. Ibarra había llegado a la entidad en 2011. Es decir, quince años después de que comenzaran a abonarse esos pluses y trece después de que adquiriera firmeza una sentencia que reconocía el derecho de los trabajadores a percibirlos.

Al igual que en el caso de Eva Miquel, fue una auditoria de intervención la que concluyó en el año 2016 que las cuantías abonadas por ese concepto en Puertos Las Palmas en 2013 no se ajustaban a la normativa aplicable y cifraba el exceso en 109.000 euros.

A raíz de ese informe, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas reaccionó de inmediato. Convocó al Consejo de Administración y propuso que se adoptasen las medidas correctoras planteadas por el interventor. Acordó ajustar esos pagos y requerir a los trabajadores la devolución de las cantidades percibidas de más. Sin embargo, los empleados afectados interpusieron demandas en la jurisdicción laboral y las sucesivas resoluciones les dieron la razón, al ser esos complementos derechos consolidados.

A pesar de ello, y que de la primera instructora del Tribunal de Cuentas no apreció ninguna responsabilidad en la actuación de los máximos dirigentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Puertos del Estado decidió continuar con el procedimiento y formuló una demanda. El órgano de enjuiciamiento resolvió en julio de 2018 con una sentencia que desestimó íntegramente las pretensiones de la entidad presidida por José Llorca. “Los demandados actuaron con la legítima y natural confianza de que el pago del citado complemento contaba con la suficiente cobertura legal, contable y presupuestaria”, rezaba esa resolución, firmada por Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar.

Esa resolución destacó que esos complementos salariales estaban avalados en un informe que la propia Puertos del Estado había elaborado años antes, en 2011. El Tribunal de Cuentas condenó además a Puertos del Estado al pago de las costas. Según fuentes conocedoras del caso, esa cantidad rondó los 15.000 euros.

Aquella investigación frustró el nombramiento de Luis Ibarra como presidente de Puertos del Estado. Era la opción que barajaba el PSOE precisamente para sustituir a Llorca tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, según ha explicado el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a esta redacción, tanto él como su partido descartaron esa posibilidad por estar incurso en ese procedimiento. “Consideré que no era lógico entrar en una institución que tenía una demanda contra mí. Podía interpretarse de una manera errónea”, ha señalado Ibarra. En su lugar fue nombrada otra canaria, Ornella Chacón.

Enfrentamiento por el caso de La Esfinge

Ibarra mantiene que la demanda promovida por Llorca estaba “politizada”. Ambos mantenían un notorio enfrentamiento después de que el dirigente socialista llevara a la Fiscalía en 2014 las múltiples irregularidades detectadas en la segunda fase de las obras del dique de La Esfinge, en el Puerto de la Luz y de Las Palmas. Entre otros defectos, la escollera no cumplía las exigencias fijadas en los pliegos; el material utilizado era de peor calidad que el estipulado en el proyecto; hubo un error de cálculo en la fabricación de los bloques de hormigón y se trasladaron los de otra obra sin el pertinente modificado, y se construyó el dique a una altura superior a la debida.

La causa penal de La Esfinge acabó archivada, pero con reproche judicial. El juez instructor consideró que no había delito porque no había quedado acreditada una confabulación de los imputados para perjudicar el erario público, pero sí definió el caso como ejemplo de una “más que deficiente gestión” e “ineficiencia” en la administración de los recursos públicos que había ocasionado un importante quebranto.

Uno de los investigados en aquel procedimiento fue el ingeniero José Daniel López, que había sido director de la Autoridad Portuaria y responsable de las obras del dique durante un periodo de esa segunda fase y que, además, es amigo de José Llorca. “Los dos son ingenieros de caminos, estudiaron en el mismo colegio mayor de Madrid, fueron compañeros de curso y terminaron al mismo tiempo la carrera. Los dos están relacionados con un mismo grupo de poder que todo el mundo conoce como Obra de Dios (Opus Dei)”, decía en una entrevista concedida a Canarias Ahora en febrero de 2018 el exdirector de la Autoridad Portuaria de Las Palmas José Miguel Pintado, demandado junto a Luis Ibarra por el presidente de Puertos del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

Pintado atribuía la demanda a una “venganza” de Llorca contra su homólogo en Puertos Las Palmas por su denuncia en el caso de La Esfinge. También el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, afirmó tras la desestimación de la demanda que la verdadera intención de Llorca era “dañar la imagen pública de Luis Ibarra”.

El expresidente de Puertos Las Palmas destaca que, al condenar en costas a Puertos del Estado, el propio Tribunal de Cuentas constató que tras la demanda de José Llorca había “mala fe”. Para Ibarra, el caso de Eva Miquel ha evidenciado el distinto proceder del expresidente de la entidad pública que coordina el sistema portuario de titularidad estatal en función de la afinidad o de la discrepancia política. “Por ética, cualquiera de los dos agentes implicados (Llorca y Miquel) deberían asumir el pago de esas cantidades y se debería quitar del procedimiento a dos expresidentes (Chacón y De La Encina) que no han tenido nada que ver”, concluye.