El presunto enriquecimiento ilícito del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), y de su ex primer teniente de alcalde, Onalia Bueno, investigados en el caso Góndola que instruye el juez José Alexis Reyes, llevó en febrero de 2008 al instructor a solicitar a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias datos patrimoniales de toda la familia del alcalde, así como del novio y de la madre de la ex concejal, al entender los investigadores que el entorno familiar de ambos podría estar actuando de tapadera de los dos principales políticos del PP imputados en la trama de corrupción destapada en Mogán.
Prácticamente un año después de la detención de Francisco González y de Onalia Bueno, al desatarse el operativo policial de la Operación Góndola el 23 de enero de 2007, a 6 de febrero de 2008 la Brigada Provincial de Información solicitó al magistrado nuevas medidas de investigación destinadas a esclarecer “ciertas operaciones inmobiliarias irregulares de Onalia Bueno” y en el mismo sentido que la ex concejal, “aumentos patrimoniales ilícitos” del alcalde del Partido Popular.
Fundamentados los indicios en las “observaciones telefónicas” de ambos políticos imputados desde enero de 2007, trece meses después se procedió indagar en el patrimonio de la madre de Onalia Bueno, María Alicia García Melián, “quien habría estado interesada en la compra de inmuebles”, según figura en el sumario del caso puesto a disposición de las partes en las últimas semanas.
Del mismo modo, el novio de la ex concejal de Presidencia, Vivienda, Política Social, Calidad en los Servicios y Educación, Francisco Manuel Suárez Ramírez, es objeto de pesquisas “por su relación sentimental y personal, ya que pudiera ser intermediario de ciertas operaciones irregulares”.
Esposa, padres y suegros
En el caso del alcalde, la investigación se amplió a su esposa, sus padres y sus suegros. Todos son investigados porque “pudieran haber servido de intermediarios de operaciones irregulares”, que en cuanto a Francisco González y derivadas de sus conversaciones telefónicas la investigación tiene contrastada que las realizaba en sociedad con su primo, Eduardo Gabriel Marrero González, conocido como Tato y con quien había creado una mercantil para esas operaciones inmobiliarias, además de contratar el alcalde a su primo en el Ayuntamiento como cargo de confianza.
Así, como en el caso de los familiares de Onalia Bueno, se han dirigido oficios a la Agencia Tributaria para que faciliten los últimos cinco ejercicios de Francisco González Saavedra, Josefa González Quesada, Jesús Salvadora González González, Juan Suárez Quintana y Francisca Gloria Suárez González, en la que se especifique desde su situación tributaria, declaraciones anuales de operaciones con terceros, informaciones sobre compras de vehículos, titularidad de cuentas bancarias, operaciones de tráfico de divisas y otros datos de interés para la investigación todavía en curso.
De la Seguridad Social se reclama, además, información también de los últimos cinco ejercicios, con especial hincapié de las actividades a que se hubieran dedicado de haber estado de alta como autónomos, y de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, si todos los investigados figuran de alta en el censo del IGIC y de ser así, se informara sobre sus últimos cinco ejercicios.