Izquierda Unida Canaria (IUC) ha expresado este martes su preocupación y desacuerdo con la decisión del Gobierno canario de autorizar un nuevo hotel de cuatro estrellas en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, y ha criticado la “hipocresía” del presidente Fernando Clavijo.
En un comunicado, IUC ha señalado que este proyecto, que propone cerca de 1.000 nuevas camas, se presenta en un momento en que la comunidad insular y sus líderes políticos, incluido el propio presidente autonómico Fernando Clavijo, han proclamado la necesidad de “resetear” el modelo turístico de las islas.
La coordinadora Nacional de IUC, Luisa Tamayo, ha manifestado su decepción ante lo que considera una contradicción directa entre las palabras y las acciones del Gobierno regional.
“Es totalmente incongruente que el presidente Clavijo hable sobre la necesidad de revisar y mejorar nuestro modelo turístico para hacerlo más sostenible y menos invasivo y su Gobierno apruebe un proyecto que amplía significativamente la oferta turística en una de nuestras islas más afectadas por la turistificación”.
El proyecto hotelero, que ocupará un terreno de 66.352 metros cuadrados y ofrecerá 956 plazas de alojamiento, ha sido defendido como un impulso hacia un turismo más sostenible, cumpliendo con las normativas de eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.
Sin embargo, desde IUC se critica que estas medidas son insuficientes y no abordan los problemas subyacentes que ha traído el crecimiento desmedido del turismo en regiones como Fuerteventura.
“Las medidas de sostenibilidad propuestas son simplemente paliativos que no resuelven el problema fundamental de la sobrecarga en nuestra infraestructura y servicios, ni mitigarán las consecuencias sociales y laborales que este tipo de proyectos suele acarrear”, ha manifestado.
Para Tamayo, “este tipo de desarrollo continúa poniendo en riesgo nuestra identidad cultural y la calidad de vida de los y las residentes permanentes de las islas”.
“Desde Izquierda Unida Canaria exigimos que se tomen en serio estas demandas. No es suficiente con discursos sobre la necesidad de cambio; necesitamos acciones concretas que reflejen un verdadero compromiso con la preservación de nuestras islas y el bienestar de sus habitantes. El proyecto de La Oliva es un paso en la dirección equivocada y solo sirve para reafirmar la percepción de que el Gobierno está más interesado en servir a intereses empresariales que en proteger a su propia gente,” concluyó Tamayo.