Alternativa Sí se puede por Tenerife, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, Alternativa por El Hierro y Los Verdes de Fuerteventura han anunciado que recogerán firmas para exigir en el Parlamento el cumplimiento de la Ley vigente.
El miembro de la Coordinadora Insular de Sí se puede, Francisco Déniz, anunciaba esta campaña que consistirá, principalmente en la recogida de firmas a través de la página www.responsabilidadpatrimonial.org.
Con esas firmas, las cuatro organizaciones convocantes pedirán en el Parlamento de Canarias el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que advierte que “las personas que de forma irresponsable incurran en errores e irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas”, explicó Déniz.
Los casos que señalan desde estas cuatro organizaciones de izquierda son, principalmente, la expropiación del Parlamento (donde los errores administrativos habrían costado a las arcas públicas 14 millones), Montaña Rayada (33 millones), las Torres del Canódromo (34 millones), Las Teresitas (52 millones), Emmasa (60 millones), Tebeto (103 millones) o Tindaya (41).
El pago de las indemnizaciones derivadas de estos casos, sumadas a las que puedan plantearse por acciones de cabildos y ayuntamientos, supondrían, según el miembro de la Coordinadora de Sí se puede, “unos 1.000 millones de euros”.
“Sería como si cada uno de los canarios pagase de su bolsillo, 500 euros”, criticó. En ese sentido, la campaña muestra un gráfico en el que se plantea que, con esos 1.000 millones, podrían construirse 300 centros de salud, 1.000 guarderías, 28 hospitales o 400 centros para discapacitados.
Pobreza
El que las arcas públicas se vean obligadas a asumir estar cargas repercute en un momento de crisis, según Francisco Déniz, “máxime cuando el 28% de los ciudadanos están bajo el umbral de la pobreza”. “A esta dramática situación hay que sumarle el precario estado de los servicios sociales, la carencia histórica de centros de acogida de mayores y personas enfermas, la precariedad en recursos personales, materiales, formativos, y la consiguiente situación de austeridad en la que trabajan los organismos competentes en materia de servicios sociales e inmigración de casi todas las administraciones”, añadió.
Desde Sí se puede criticaron que el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, “ha advertido que los fondos con los que se asumirán estas deudas se detraerán de las partidas destinadas a Sanidad y Educación”. Estos dos servicios “son fundamentales para garantizar la calidad de vida, la equidad y la justicia redistributiva en un país democrático”, aseguraba Déniz.