El empresario José Ana Pérez Labajos, imputado por cohecho dentro de la ramificación del caso Fórum en Tenerife, conocido como operación Lavandera, no duda en tachar de los escritos en los que se ha basado su relación en esta trama como “un conjunto de pruebas falsas e inverosímiles”.
En concreto, el empresario se refiere a los documentos firmados por el arquitecto Julio Aumente, que califica de “disparatados, sin concreción lógica, ni juicio fundamentado”. Los informes en los que se recogen los pormenores de la adquisicón por parte de Fórum de los activos del futuro puerto deportivo de San Andrés y de la recalficación de terrenos en Valle Tahodio han sido publicados por el propio Labajos en su página web http://denunciaagarzon.com.
Sin embargo, el empresario sí parece darle crédito a las amenazas más o menos veladas que lanza Aumente ante las desavenencias que surgen con los socios de Parque Marítimo Anaga SA. “Esta actitud absolutamente innecesaria y hostil me va a obligar a adoptar medidas en defensa de mis intereses y consecuentemente contra los de PMA en Tenerife”, señala el arquitecto.
Labajos atribuye las denuncias de Aumente al malestar que éste tenía con sus superiores, ya que no había sido nombrado presidente de Parque Marítimo Anaga SA. Culpa al arquitecto de no poder cerrar reuniones con las autoridades canarias, ir por libre sin dar cuenta a nadie de sus negociaciones y en definitiva de estar “queriéndose llevar una parte del pastel antes de tiempo”.
Finalmente, las desavenencias llegarían al punto de que en diciembre de 2005 se acuerda su salida de PMA. Justo un año después el entonces juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltazar Garzón remitiría a Tenerife el escrito firmado por el arquitecto ,-aunque él niega la autoría- en el que se hablaba del cobro de comisiones. A partir de ese momento dio comienzo la operación Lavandera.
“Dotes de adivinar el futuro”
Labajos es contundente al afirmar que nunca existió un fraude de ley en la cesión de los derechos de la concesión del puerto deportivo a Fórum Filátelico. Y ello es así en cuanto que la Ley de Costas permite estas transmisiones siempre que no superen el 50% del accionariado.
Aunque el empresario no aclara si es cierto que tal y como sostiene la policía en realidad Fórum adquirió el 99% de los activos. No obstante, indica que cuando se cerró la venta firmó un documento privado con los compradores en los que éstos se comprometían a informar a la Autoridad Portuaria de la operación.
También se llevó a cabo una reunión de los nuevos propietarios con el entonces director de Puerto, Manuel Fernández Castillo. Por ello, el empresario niega que se intentara ocultar esta compra y, muy al contrario, justifica que siguiera al frente de estos proyectos por que la mayoría de los compromisos habían sido adquiridos con anterioridad.
Pese a ello, tanto Juan Manuel Carlos Llorca, representante máximo de Fórum, condenado por blanqueo de dinero y actualmente en busca y captura, así como Aumente que trabajó con Labajos en Tenerife, aseguran que la operación debía ocultarse por que implicaba un fraude de ley.
En cuanto a su relación con Llorca, el empresario tinerfeño recuerda que se inició en 2002 y en aquel entonces desconocía totalmente sus actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de dinero y narcotráfico, por las que sería condenado en 2005. “La Fiscalía nos otorga dotes de adivinar el futuro propias de una película de ciencia ficción. Don Carlos Llorca entró en Canarias de la mano de abogados y arquitectos, con la imagen de un gran inversor y sin las connotaciones delictivas de ningún tipo, en la época en la que adquirió los activos”.
En Valle Tahodio surge la dificultad añadida de que cerca de un millar de viviendas de autoconstrucción son propiedad de la empresa Euroactivos Inmobiliarios y se encuentran en situación ilegal. Por lo tanto sus ocupantes demandan al Ayuntamiento que les ortogue otra casa.
El entonces alcalde, Miguel Zerolo, imputado también en este caso por supuesto soborno, se ve en la obligación de presionar en este sentido para conseguir parcelas en las que reubicar a los vecinos, a los que además se les está requiriendo que entreguen la documentación de sus casas. Muchos, lógicamente, se niegan, por lo que en aquellos días se llegó a equiparar lo que estaba sucediendo en Valle Tahodio con lo ocurrido en la trasera de Las Teresitas.
En el caso del puerto deportivo, los problemas surgen porque la Autoridad Portuaria decide cambiar el proyecto y trasladarlo al lado de la Dársena Pesquera en vez de situarlo en el frente de San Andrés. Labajos siempre estuvo en contra de esta modificación y llegó a calificar el nuevo puerto como “una berruga”.
En este punto también discrepaba con Aumente, quien consideraba que era más económico y presentaba mayores ventajas. Sin embargo, Labajos mantiene que este cambio es precisamente una prueba de que nunca hubo un trato de favor por parte de la Autoridad Portuaria, basado en un posible cohecho.