El Ayuntamiento de La Laguna procedió en el año 2002 al inicio de la construcción de un centro social, una plaza, una iglesia y un tanatorio subterráneo en el barrio de El Rosario sobre un suelo que era propiedad del Gobierno canario. Casi una década después, la corporación local está dispuesta a regularizar esta situación y ha pedido al ejecutivo autónomo la enajenación gratuita de las parcelas apelando al interés público y la utilidad social. El Gobierno canario está intentando dar solución a la paradoja creada y recientemente aprobó un proyecto de ley específico para este caso que deberá ser aprobado por el Parlamento.
Pese a que el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias es favorable a esta enajenación no deja de llamarse la atención sobre el hecho de que la petición se curse cuando las obras están acabadas desde el año 2004 y “sin que conste la tramitación previa de un expediente por el que se haya puesto a disposición del Ayuntamiento los terrenos afectados por las citadas construcciones”. Por ello el procedimiento iniciado ahora pretende precisamente regularizar la situación real de la parcela, incluyendo la cesión de la totalidad de la misma -suelo y subsuelo- en la que fueron construidos el centro social, la iglesia, la plaza pública y, por último, el tanatorio.
El Consejo Consultivo considera que en el expediente se ha acreditado el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias. “Particularmente, consta la titularidad de la parcela y su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma con la calificación de bien patrimonial tras su desafectación y se ha declarado que no puede ser embargada. El organismo estima que también se ha justificado la conveniencia de la enajenación en razones de interés público y la no necesidad de contar con la parcela citada para su uso por parte de la Comunidad Autónoma. Todo ello pese a que este procedimiento se lleva a cabo cuando las instalaciones ya se encuentran construidas, ”lo que supone adaptar la regulación a la realidad de la parcela“.