Por “unanimidad”, sin ningún voto en contra o abstención de los consejeros socialistas del Gobierno de Canarias, el gabinete que preside el nacionalista Fernando Clavijo ha aprobado el proyecto de Ley del Suelo, incluyendo en el mismo “prácticamente la totalidad” de las recomendaciones efectuadas por el Consejo Consultivo en el dictamen elaborado la pasada semana.
Por tanto, ni hay crisis de Gobierno ni es necesario reunir a la Mesa del Pacto, pues el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, ha asegurado que “los dos partidos, el PSOE y CC, somos copartícipes de esta Ley”.
“Se ha aprobado por unanimidad, una vez que se ha adaptado el texto a la práctica totalidad de las recomendaciones del Consultivo, y no hay que olvidar que el PSOE ha participado en la redacción del texto durante todo el trámite y muchas cosas se han modificado en base a propuestas de los socialistas”, ha asegurado.
De esta manera, se ha querido rebajar la importancia del comunicado oficial emitido por la dirección del PSOE canario el sábado pasado, insistiendo en que “ahora no se concluye el proceso, pues se abre el debate parlamentario y se da la posibilidad de consensuar, por lo tanto no veo ninguna situación de anormalidad ni la necesidad de convocar la Mesa del Pacto por este tema, pues ambos consensuaremos las enmiendas si es necesario presentarlas”, ha insistido Barragán.
Y es que el viceconsejero (y secretario general de CC) ha insistido en que, como pedían sus socios, la Cotmac, “o el órgano regional que existirá, con independencia de su denominación”, llevará a cabo “informes preceptivos y vinculantes” sobre los planeamientos insulares y municipales mediante informes preceptivos y vinculantes. Además, cuando se estén elaborando los mismos, si se observa que algún punto pudiera vulnerar la ley, será puesto en conocimiento del cabildo o ayuntamiento que haya solicitado el informe.
“Ese informe será único y evitará que los informes que se remitan a cabildos o ayuntamientos sean contradictorios entre distintas consejerías, como a veces puede suceder ahora”, dijo Barragán.
En cuanto a otras consideraciones del Consultivo, el viceconsejero considera que este organismo no tiene razón al considerar que la derogación prevista de la Ley de Directrices de Ordenación General genera un vacío normativo e inseguridad jurídica. “No hay ningún vacío, está todo perfectamente recogido en la Ley. El informe de legalidad lo puede hacer cualquier jurista de un ayuntamiento o un cabildo, y el control de legalidad previo es una competencia estatal y, con posterioridad, de la Comunidad Autónoma cuando se ha producido el acto”.
Pese a los reparos del Consultivo, tampoco el Consejo de Gobierno ha modificado el texto en cuanto a las “actividades impropias en suelo rústico”, pues “se mantiene la posibilidad de que pueda existir cualquier actividad económica siempre que desarrolle el uso sostenible” del terreno.
“La Ley apuesta por el sector primario, permitiendo desarrollar actividades excepcionales que ayudarán a la renta de los agricultores”, concluyó Barragán.