La Ley del Suelo inicia el viernes su primer examen parlamentario

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

La Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias inaugurará el próximo viernes la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley del Suelo, uno de los proyectos de ley más importantes de la legislatura que, entre otros aspectos, regula la ordenación de la intervención pública sobre los usos del territorio.

El Gobierno, que aprobó el proyecto de ley el 8 de agosto, presentará el proyecto de ley a los presidentes de los cabildos insulares en la sesión de la comisión, quienes expondrán su posición sobre el texto en una sesión en la que también intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios para dar su opinión.

Tras ese trámite preceptivo se abrirá el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad, que en principio es de quince días pero que puede ser ampliable en el caso de que algún grupo lo solicite y así lo acuerde la Junta de Portavoces, según explicó este lunes la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.

Una vez debatidas las enmiendas a la totalidad y en caso de que sean rechazadas por el pleno del Parlamento, el proyecto de ley seguirá su trámite en ponencia, posteriormente en comisión y finalmente se aprobará de forma definitiva en un nuevo pleno de la Cámara regional.

Carolina Darias, que este lunes presidió las reuniones de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces, dijo que aún es pronto para establecer un calendario de tramitación de la nueva Ley del Suelo.

La nueva ordenación del suelo es una prioridad para el Gobierno de Canarias, aunque ha suscitado algunas diferencias entre los socios del pacto, CC y PSOE.

Los socialistas han anunciado su intención de presentar algunas enmiendas al texto remitido por el Gobierno pero los nacionalistas les han advertido de que deben consensuarlas con ellos.

La Ley del Suelo cuenta en principio con el apoyo del PP y de ASG, pero tanto Podemos como Nueva Canarias se oponen frontalmente.

Podemos ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley a través de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que sea aprobada por el Parlamento de Canarias si no se producen cambios sustanciales.