Los puntos polémicos de la nueva Ley de Islas Verdes que promueve con prisas Coalición Canaria
La actividad parlamentaria de este nuevo año viene cargada de proyectos y proposiciones de ley que continúan atascadas casi cuatro años después de que Fernando Clavijo (CC) se hiciera con la Presidencia del Gobierno de Canarias, como la aclamada Ley de Servicios Sociales. Sin embargo, en el último pleno de 2018 Coalición Canaria logró introducir por la vía de urgencia la toma en consideración de la tramitación de una nueva ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, las llamadas islas verdes. Una norma que, de entrada, cuenta con el rechazo de Nueva Canarias, PSOE y Podemos, partidos que se mostraron muy críticos durante el debate para estudiar su tramitación. Entre las sospechas, las prisas para su aprobación cuando quedan menos de cinco meses para las elecciones y el hecho de que en 2016 ya se aprobara una norma de estas características.
Una de las claves de la nueva ley que se pretende sacar adelante es que se permitirá el alquiler vacacional en cualquier tipo de suelo. Además, recoge como uso ordinario del suelo rústico los establecimientos turísticos de hasta 200 camas, lo que abriría la puerta al desarrollismo en estas islas. Se trata de una idea que choca con la falta de regulación del alquiler vacacional. El decreto con el que busca marcar unas pautas para la comunidad autónoma siguen en tramitación por el Gobierno de Canarias, que no ha sabido gestionar esta actividad que va en crecimiento y sobre la que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que considera que el Ejecutivo pretendía favorecer a los empresarios al prohibirlo en zonas turísticas. La nueva Ley de Islas Verdes, tal y como ha entrado en el registro del Parlamento de Canarias plantea lo siguiente:
- Vivienda vacacional: sin tener claras aún las directrices en esta materia para toda la comunidad autónoma, Coalición Canaria, en el artículo 6 de la norma que pretende aprobarse, resalta que “podrán implantarse establecimientos turísticos de la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial que la regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la clasificación o calificación del suelo”. Es decir, en suelo rústico podría darse esta actividad.
- Uso ordinario del suelo rústico: precisamente, lo que caracteriza a La Palma, La Gomera y El Hierro es su orografía, su suelo para la actividad agrícola, sus paisajes y senderos. Por ello, resulta especialmente llamativo que se dejen de lado medidas que puedan llegar a desprotegerlo. El borrador de esta norma establece como “uso ordinario de suelo rústico” los alojamientos de hasta 200 camas, que además son considerados como hoteles de mediana dimensión. De ahí, que el líder de NC, Román Rodríguez, haya reprochado que sea “tan uso ordinario del suelo rústico la producción de piña tropical como hacer hoteles de 200 camas”. La medida además entra en cierta contradicción con la Ley del Suelo de 2017 en el sentido de que en ella no se contempla esta actividad como uso ordinario del suelo rústico.
- Vivienda vacacional sí, pero de uso particular no: en suelo rústico, (siempre que se trate de asentamiento agrícola o rural) no es posible edificar una vivienda de uso residencial, según la Ley del Suelo vigente, aunque haya excepciones. Sin embargo, la modalidad que no estará restringida en ningún tipo de suelo es el alquiler vacacional, lo cual entraría en contradicción con la norma actual. Concretamente, en el artículo 22 de esta nueva ley que pretende aprobarse, se concreta que se podrán edificar plazas de alojamiento no superiores a los 60 metros cuadrados. En los asentamientos agrícolas “la unidad apta para la edificación deberá tener una superficie no inferior a 150 metros cuadrados por cada plaza alojativa” y en el resto de las categorías de suelo rústico, el número de plazas dependerá de la dimensión de la superficie.
- Permisos y evaluación de impacto ambiental. Uno de los temores que presenta la nueva norma es que los proyectos puedan sortear estudios de impacto ambiental. Para las actividades de uso ordinario del suelo rústico, solo es necesario pedir licencia municipal y formalizar la comunicación previa. Por tanto, los pequeños establecimientos alojativos no tendrán que esperar por los trámites a los que se someten grandes hoteles. Además, el artículo 10 de esta misma norma define “los instrumentos de planificación singular turística”, que tienen por objeto diseñar y ordenar equipamientos turísticos en “cualquier clase y categoría del suelo”. Estos instrumentos además podrán delimitar nuevas áreas para la implantación de actividades turísticas.
- Tramitación de la nueva norma: tanto Podemos como Nueva Canarias han criticado las formas en las que CC intenta introducir esta ley ya que vuelve a optar por un procedimiento de urgencia, lo que limita la participación del resto de grupos. Con una Proposición de Ley (PPL) se esquiva el sometimiento a participación pública, los informes de los departamentos de los servicios jurídicos y el dictamen previo del Consejo Consultivo de Canarias. “Esto es una trampa y un fraude democrático. Reducen los tiempos a la mitad, impiden la participación ciudadana, y asestan una vez más, con nocturnidad y alevosía, un duro golpe al territorio. En esta ocasión al suelo rústico, a nuestro paisaje y nuestra agricultura, supeditándolo a los intereses especulativos del negocio del turismo”, ha señalado el diputado Manuel Marrero.
- Constitucionalidad: en el último pleno del Parlamento de Canarias se manifestó la dudosa constitucionalidad de esta norma por parte de Nueva Canarias. Cabe recordar que, en el proceso anterior sobre la ley de islas verdes que se aprobó en 2016, la Justicia dio la razón a Podemos al considerar que se habían vulnerado sus derechos ya que no se le permitió a este partido presentar enmiendas a la norma. El Constitucional apreció entonces que se produjo una diferencia de trato en contra de la formación morada, ya que la Mesa del Parlamento sí que admitió a trámite “las enmiendas presentadas tanto por los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, como por el Grupo Parlamentario Popular”.
El Tribunal Constitucional también se pronunció en mayo del año pasado para paralizar la estrategia del Gobierno de Canarias de desbloquear campos de golf en La Palma. El Alto Tribunal aunque sí avaló el grueso de la ley de islas verdes de 2016, concluyó que era inconstitucional una disposición adicional de la Ley de Islas Verdes que declaraba de interés insular once proyectos anulados por el Tribunal Supremo en 2015, entre ellos cinco campos de golf en distintos puntos de la isla.
La ley de islas verdes de 2016 fue el precedente de la que se aprobaría al año siguiente, la Ley del Suelo, dos normas proclamadas a bombo y platillo por el Gobierno de Canarias con las que sí ha mostrado predisposición de agilizar desde el principio. Ahora, a poco más de cuatro meses de las elecciones, el Parlamento continúa con 13 proyectos de ley en tramitación y 17 proposiciones de ley.
