Un año de la Ley del Suelo de Canarias: planes y expedientes atascados en los ayuntamientos

La Ley del Suelo de Canarias, el proyecto estrella del Gobierno de Fernando Clavijo, ha cumplido ya más de un año desde su entrada en vigor sin que se empiecen a percibir las altas expectativas que generó el Ejecutivo en el proceso hasta sacarla adelante. Desde septiembre de 2017, el trabajo no ha dejado de acumularse en los ayuntamientos, que han tenido no solo que adaptarse a la nueva norma, sino que poner en marcha sus propios órganos de evaluación ambiental o esperar, en el caso de los que tienen menor número de habitantes o los que no cuentan con recursos para ello, a que se pongan en marcha las oficinas de evaluación ambiental de los cabildos. Una situación que se deriva del hecho de que una de las consecuencias de la norma es que prácticamente desaparece la figura de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), que establecía un criterio homogéneo para todos los proyectos y planes de las Islas.

No se conocen planes generales que hayan recibido un impulso gracias a esta norma ya que el primer año, en general, los ayuntamientos consultados coinciden en que ha sido de enorme trabajo, teniendo en cuenta la poca plantilla con la que cuentan, la incapacidad de poder contratar a más personal técnico por la ley presupuestaria y las enormes dudas jurídicas que no ha dejado de plantear esta norma, que además se vendía como la panacea para reducir la carga burocrática. Además, los reglamentos necesarios para esta ley (uno para la constitución de una oficina jurídica, otro para el planeamiento de los espacios naturales…) aún no han sido aprobados definitivamente y continúan en la web del Gobierno como proyecto.

Para el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste (Podemos), la ley “ha supuesto un retraso” ya que hasta que el Ayuntamiento logró poner en marcha su propia comisión de medio ambiente se atascaron numerosos procedimientos que se habían enviado a la Cotmac, pero que este organismo devolvió al Consistorio. Señala que la nueva norma ha generado una gran cantidad de trabajo al Ayuntamiento, que ha tenido que convencer a las personas que conforman esta comisión independiente. Estará compuesta por miembros de la universidad y una abogada del ayuntamiento que actúa como secretaria y no tendrá voto.

Doreste sigue opinando que la Ley del Suelo sí va a perjudicar a la larga a la defensa del patrimonio natural y cultural porque “tiene una trampa peligrosísima” y explica que “cualquier explotación agrícola o ganadera, con la excusa de completar las rentas de esa explotación pues se puede poner en cualquier uso que no esté prohibido por la ley. Desde un colegio privado a una sala de fiestas se puede poner en cualquier sitio”. E insiste, “tiene un peligro terrible. Antes existía una cierta jerarquía en los planes, unas directrices que elaboraba el Gobierno autonómico”. Además, añade que el Gobierno puede autorizar planes que considere estratégicos en los municipios, con lo cual “la defensa del territorio y del urbanismo queda al capricho de no ya del concejal de turno sino del consejero del Gobierno autonómico”.

El mismo panorama en cuanto a cúmulo de trabajo y dudas jurídicas que se presentan a los técnicos municipales dibuja el concejal de Urbanismo de Telde, Agustín Arencibia (NC). A pesar de que se trata de una de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias, no tiene la posibilidad de constituir su propio órgano medioambiental a corto plazo. Por ello, explica que tendrá que firmar un convenio con el Cabildo de Gran Canaria o con el Gobierno de Canarias. Telde no tiene posibilidad de contratar más técnicos ya que el municipio está sometido a un plan de ajuste muy duro, herencia del gobierno anterior. El concejal sostiene que la norma era necesaria y que tiene aspectos positivos, pero se ha depositado toda la responsabilidad en los técnicos de los ayuntamientos. Para este municipio, la prioridad es sacar adelante el planeamiento municipal. En 2015, se aprobó un documento, pero la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo obliga a que tenga que revisarse. La postura del gobierno municipal es que se adapte a la nueva norma, pero como se encuentra en minoría tiene que esperar a que decidan todos los grupos.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, su concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), se muestra más optimista. Aunque reconoce que los primeros seis meses sí que hubo algo de parálisis porque su consistorio tuvo que tramitar unos convenios con el Gobierno de Canarias, al carecer de órgano de evaluación ambiental, considera que “hay una serie de elementos que sí que agilizan muchísimas materias urbanísticas, entre ellas las ordenanzas provisionales y sobre todo los planes de actuación del medio urbano, que me consta que hay varias solicitudes planteadas en Santa Cruz y es un instrumento que permite la Ley del Suelo”.

En este año no ha dado tiempo de sacar ningún gran proyecto en la capital tinerfeña con la Ley del Suelo pero “sí que hay en marcha grandes proyectos, entre ellos el Plan General que se está tramitando ya con esta Ley”, destaca Tarife. El concejal señala que para antes de las elecciones puede ser que alguno de los PAMU de ámbito privado sí se aprueben. Además, Santa Cruz de Tenerife, a diferencia de Las Palmas de Gran Canaria, no cuenta con un órgano ambiental propio pero espera tenerlo en 2019.

Los cabildos han ido poco a poco poniendo en marcha sus oficinas de evaluación ambiental, como es el caso de El Hierro, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y uno de los más recientes, anunciado en octubre, el de Gran Canaria. En el caso de este último se trabaja en la firma de un convenio con Agüimes, Gáldar, Valsequillo e Ingenio para encomendar a la corporación insular los planes, programas y proyectos de competencia municipal. Se prevé que se adhieran otros municipios ante la complejidad de poner recursos para poner en marcha estos órganos.

Una ley que avanza lentamente

El urbanista Faustino García Márquez, miembro de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible y que se ha mostrado muy crítico con esta Ley desde sus inicios, destaca que aunque es cierto que los planes generales están sufriendo una parálisis en los ayuntamientos, a los que se les ha dado competencias pero no los recursos necesarios para afrontarla, la Ley sí que está empezando a avanzar en el ámbito local y veremos sus frutos cuando ya estén en marcha proyectos imparables.

“El dinosaurio no se ha comido las ramas más altas, pero ya está empezando a comer”, dice el urbanista al referirse a que hay licencias urbanísticas que dan directamente los ayuntamientos con amparo de esta ley de las que no somos conscientes. Además, señala que en relación a esta norma también se aprobó por este Gobierno la llamada Ley de Islas Verdes, para cuya aplicación no hay inconvenientes de medios humanos o de revisión del planeamiento. García Márquez espera que en las próximas elecciones de 2019 una nueva mayoría parlamentaria pueda derogar esta ley o modificarla ya que cree que hay demasiados aspectos a reconsiderar y que a la larga supondrá la pérdida de espacios comunes.

El abogado Javier Díaz Reixa, por su parte, lamenta que los planes generales, insulares o de espacios naturales no se estén avanzando de una manera significativa tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo. La paralización no atañe solo a los planes generales, también numerosos expedientes se encuentran en la misma situación por la falta de personal técnico de los ayuntamientos. Muy pocos municipios tienen capacidad para crear órganos ambientales, a lo que se suman las dudas jurídicas ya que se trata de una ley compleja de 400 artículos.

Díaz Reixa recuerda que una ley por sí sola no puede resolver todos los problemas, pero sí cree que en un año, al menos, se podrían ir viendo pequeños avances. Su sensación es que hay preocupación por la adaptación a la nueva norma en los ayuntamientos, sobre todo por la gran carga de trabajo. Señala que hay municipios que tienen planes de los años 90 y que deben ser actualizados.

Su crítica a la norma se mantiene además en que ya no exista un criterio unificado. Por ejemplo, aparentemente, parece positivo que los cabildos realicen los planes de espacios naturales, pero el resultado puede ser que haya planes diferentes para cada una de las islas y se trata de espacios que forman parte de la Red Natura 2000, que tiene unos intereses de ámbito regional o europeo, por lo que deberían estar sometidos a unas mismas pautas.

El Gobierno de Canarias, al ser cuestionado hace tres semanas sobre su balance sobre el primer año desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo, no respondió a una serie de preguntas por escrito. Este jueves además remitió a este periódico a la comisión parlamentaria en la que la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, comparecerá la próxima semana a petición de los grupos para abordar este asunto y a que después de su intervención se enviará desde su gabinete una nota de prensa.