El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas publicó a mediados del pasado mes de diciembre la resolución del concejal de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, por la que se aplica la actualización de las tarifas del servicio municipal del taxi conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
La medida, que ha supuesto un pequeño aumento de las tarifas en comparación con las que se encontraban establecidas, según indican desde el sector, ha levantado ampollas en el Gobierno canario, donde muestran su sorpresa porque el Consistorio haya decidido aplicar la modificación sin pasar antes por la Comisión de Precios.
Fuentes de la Administración regional aseguran a Canarias Ahora que es la primera vez en la historia del Archipiélago que ocurre algo semejante y hacen hincapié en que se trata de una ilegalidad. Asimismo, no comprenden cómo se puede estar aplicando la nueva tarifa en los taxímetros de la ciudad capitalina desde enero, cuando se debería esperar a que la misma saliera publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Las mismas fuentes señalan que el Gobierno planea impugnar el acuerdo plenario por el que se aprobó la resolución municipal y no descartan que se pueda llegar a la vía judicial. Asimismo, sospechan que el objetivo grupo de gobierno municipal, conformado por el Partido Popular (PP), se centra en ganar el favor del sector durante el año electoral.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que, al tratarse únicamente de una actualización en función de la variación del IPC, no hace falta acudir a la Comisión. Una conclusión a la que dicen llegar en base a lo estipulado en el Decreto de 2012 por el que se aprobó el Reglamento del Servicio del Taxi y a la Ordenanza del Servicio Urbano del Taxi de la capital grancanaria ratificada el pasado año.
De hecho, la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia puntualiza sobre el órgano competente que “el Reglamento del Servicio del Taxi determina en su artículo 17.1 a) que ”las tarifas urbanas serán fijadas por el Ayuntamiento“ y que ”el Gobierno de Canarias fijará las interurbanas, así como las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles“.
Sin embargo, desde la Administración local afirman, al mismo tiempo, que en caso de que se aplicara otro tipo de variación de la tarifa que no fuera una actualización del IPC, habría que elevar la misma al Gobierno canario.
Desde la Gobierno canario insisten en que, aunque se trate del IPC, la resolución debe contar con el visto bueno de la Comisión de Precios, que tiene competencias en las tarifas urbanas de taxi, agua de abasto de las poblaciones y guaguas municipales, no las interurbanas. “Esto lo ha hecho el Ayuntamiento de forma unilateral”, concluyen.
A partir de enero, los taxistas cobran la bajada de bandera a 1,73 euros, el kilómetro recorrido a 0,64 y la hora de espera a 11,73.