El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes en el pleno municipal, a través de una declaración institucional, la creación de un Servicio Especializado de Asesoramiento de reclamaciones y demandas de los ciudadanos del municipio afectados por los desahucios, con el objeto de prestar colaboración y atender las necesidades de este colectivo.
Este servicio se ofrecerá a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) con el apoyo de una guía de actuación en caso de desahucio, que se elaborará junto con los representantes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Banca, la Plataforma Stop Desahucio y la Banca, para su difusión desde todos los servicios cercanos al ciudadano.
El Consistorio capitalino también se compromete a instar al Gobierno de España que impulse una revisión urgente del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, estudiando la inclusión de la figura de la dación de pago. Esta revisión deberá afectar a la reforma de la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios.
Asimismo, el Ayuntamiento intercederá con las diferentes entidades bancarias ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria para suspender la ejecución de desahucios de viviendas habituales hasta la entrada en vigor de un nuevo marco legal, y otorgará prioridad en los procedimientos administrativos municipales de ayudas de alquiler para las familias que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender sus obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios concertados para la adquisición de su vivienda habitual y sean deudores de buena fe, y necesiten una respuesta urgente.
El Ayuntamiento también estudiará los casos de desahucios por motivos económicos que se produzcan en la ciudad, para interceder y colaborar en todos los casos que sea posible. Para ello contará con las valoraciones técnicas de los trabajadores sociales de vivienda y de servicios sociales.
Por último, desde la Corporación municipal se estudiará, junto a la Administración competente en materia de vivienda, la creación de un parque público de viviendas de alquiler social.