El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cifra en 1,4 millones de euros la cantidad que tendría que devolver a sus trabajadores laborales como consecuencia de la sentencia que anula parte de los recortes de gasto en personal vigentes durante 2013, un fallo que va a recurrir.
El coordinador general de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento, Claudio Rivero (PP), ha informado a Efe que el Consistorio recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia, porque el equipo de gobierno entiende que está “suficientemente justificado el recorte propuesto”.
También ha confirmado que en 2014 se mantendrán las mismas medidas de ajuste del gasto en personal en 2014, que el equipo de gobierno cifra en 4,4 millones de euros, aunque la intervención municipal sostiene que superan los cinco millones.
Rivero ha indicado que el director general de Recursos Humanos y Seguridad, José María Cabrera, mantendrá este miércoles una reunión con los sindicatos para notificar que se van a suspender los mismos derechos laborales que ya fueron suspendidos en 2013, en la medida que las circunstancias económicas se mantienen en términos similares.
El coordinador general de Presidencia ha explicado que la sentencia se pronuncia favorablemente respecto a la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento sobre tres aspectos que fueron cuestionados por los sindicatos CSIF, UGT e Intersindical Canaria.
Así, recoge que es correcto el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para aplicar esos recortes, que la información previa a los sindicatos se ha cumplido y que el plan de ajuste es un documento suficiente para dar cobertura a esta actuación.
La sentencia, sin embargo, dice que del plan de ajuste fija unas reducciones de gasto en el capítulo I que fueron superadas ampliamente por los recortes efectuados (se redujo el doble).
El Ayuntamiento considera que el plan de ajuste es un elemento importante para fundamentar estos recortes, pero no es el único, por lo que se aporta otra información presupuestaria que avalaba el recorte aprobado el pasado mes de mayo.
Esta sentencia anula la decisión de la junta de gobierno de suspender una serie de derechos laborales previstos en su convenio colectivo, como asignaciones familiares, ayudas médicas, aportaciones a planes de pensiones, premios por jubilación anticipada y bonificaciones por productividad. Según Rivero, el importe de esos conceptos asciende a 1,4 millones de euros.
Los otros 3 millones de euros de recortes corresponden, según el equipo de gobierno, al complemento de incompatibilidad, que no ha sido anulado por la sentencia, si bien está pendiente de resolución por un juzgado de los Contencioso Administrativo, porque también fue recurrido.
Además, el coordinador general de Presidencia ha dicho que, en caso de que deba devolver esa cantidad, entiende que sólo afecta al personal laboral.
En relación a la segunda jornada de huelga llevada a cabo por el personal laboral, Rivero ha indicado que el paro de tres horas convocado para este miércoles ha tenido un “seguimiento muy bajo” y ha sido secundado por menos trabajadores que este martes, así como que no ha habido problemas para el cumplimiento de los servicios mínimos.
Si ayer 110 trabajadores pararon durante tres horas, entre las 10.00 y las 13.00 horas, hoy lo han hecho 95, ha afirmado Rivero, quien ha indicado también que los trabajadores se han vuelto a concentrar a las puertas del Ayuntamiento.
En cuanto a las reivindicaciones del personal laboral, Rivero ha dicho que la petición referida a la nueva relación de puestos de trabajo es “inviable”, porque ya ha sido aprobada.
En relación a la preocupación de los trabajadores ante la posibilidad de que se produzcan despidos, Rivero ha subrayado que el Ayuntamiento ha manifestado que no tiene intención de despedir a ningún empleado “desde el minuto uno”, sino, al contrario, ampliar la plantilla en la medida de lo posible.