El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria percibirá 789.500 euros por la venta de las más de 1.100 toneladas de chatarra que producirá el desmantelamiento de la desaladora Las Palmas II, una infraestructura que cesó su actividad en el año 1995, tras haber quedado obsoleta y haber cumplido su ciclo durante más de 20 años de servicio.
Así pues, la Administración local no ingresará lo que se perciba por el total de la venta, cifrada en 972.700 euros, ya que la diferencia irá a parar a la empresa Tamoin Power Servicios, encargada de los trabajos de desguace. Algo que a juicio de la portavoz municipal del Partido Socialista (PSC), Isabel Mena, podría haberse evitado si se hubiera encargado toda la obra a la empresa de aguas, Emalsa.
Mena cuestiona los motivos de la adjudicación de los trabajos y explica que de este modo los ingresos pasan a la caja general del Ayuntamiento para que el alcalde, Juan José Cardona, pueda distribuirlos “en lo que considere”. Sin embargo, indica que hubiese considerado más acertado que Emalsa destinara todo el dinero a la red de saneamiento, donde según recuerda “hay documentos técnicos que señalan la necesidad de invertir 10 millones de euros”.
Las Palmas III, activa desde 1990, es la única desaladora que absorbe la demanda de la ciudad, ya que la multimillonaria inversión para Las Palmas-Telde no llegó a funcionar debido a sus elevados costes de producción.
Aunque afirma que Las Palmas III funciona de forma adecuada, Mena considera que “es el momento de ir planteando” la construcción de los nuevos módulos de desalación en el norte, propuestos en el Plan Estratégico de Emalsa.
Con el desguace, el Grupo de Gobierno, formado por el Partido Popular (PP) continúa los trámites iniciados para vender los metales de las instalaciones y prevenir así los robos de materiales, como el cobre, que se han registrado en los últimos años en diversos puntos de la Isla.