El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria permutó en 2006 a la empresa pública Visocan varias parcelas del barrio de Tamaraceite que no eran de su propiedad sino de particulares afectados por el Plan Parcial Tamaraceite Sur. Las 600 viviendas que debieron levantarse en esos suelos están ahora pendientes de que el problema lo subsane el nuevo Plan General de la ciudad.
Casi al final de su mandato, la ex alcaldesa Josefa Luzardo permutó a la empresa gubernamental Visocan, encargada de la promoción de viviendas públicas en Canarias, unas parcelas en el barrio de Tamaraceite por una en Las Torres. Se trataba de piezas de suelo que el Ayuntamiento trataba de captar mediante la firma de convenios urbanísticos a cambio de otros solares para evitar el procedimiento de expropiación.
Sin embargo, Luzardo abandonó el Ayuntamiento sin concluir todo ese proceso expropiatorio pero habiendo permutado a Visocan esos solares que aún hoy siguen sin ser de propiedad municipal.
Visocan pretendía edificar en esos suelos 600 viviendas de promoción pública, según ha confirmado una fuente de esa empresa pública del Gobierno de Canarias, pero se ha encontrado con que no puede escriturar las parcelas a su favor.
Las mismas fuentes indicaron que en estos momentos Visocan está pendiente de que el nuevo grupo de gobierno concluya el Plan General y el Ayuntamiento se haga con esas parcelas mediante el 10% de aprovechamiento medio al que tiene derecho por el desarrollo del Plan Parcial Tamaraceite Sur.
Pero el retraso en la aprobación del nuevo Plan General está provocando a su vez que se retrasen esas 600 viviendas, suerte que también están corriendo las 200 de la parcela de Las Torres que Visocan entregó al Ayuntamiento a cambio de los suelos frustrados en Tamaraceite.
Si el Ayuntamiento pretendiera hacerse con esas parcelas de Tamaraceite mediante la expropiación tendría que abonar 15 millones de euros, cantidad imposible en las actuales circunstancias que atraviesan las arcas municipales.